Por: Raúl Eduardo Barba Rueda/ Una de las facilidades que ha permitido la pandemia del Covid-19 es que muchas universidades han digitalizado sus contenidos de enseñanza o han potenciado canales de difusión científico a través de redes como YouTube.
El último fin de semana festivo tuve la oportunidad de acceder a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Sede Bogotá, a un ciclo de tres conferencias virtuales dictadas por la profesora del Instituto, Yency Contreras Ortiz, doctora en Estudios Urbanos Ambientales.
Las tres conferencias tituladas “Dilemas de Gobiernos Locales en Colombia: “el ordenamiento territorial como asunto político”, plantea de manera magistral una serie de dilemas en la planeación del territorio bajo una importante premisa y es que el ordenamiento territorial es un asunto político.
Durante décadas los planeadores urbanos quienes provenían de una formación como arquitectos, nos introdujeron el imaginario que el ordenamiento del territorio corresponde exclusivamente a un ejercicio de definición de normas de construcción, edificabilidad, tamaño de andenes, etc.
Sin embargo, lo que se evidencia, tras la Segunda Generación de Planes de Ordenamiento Territorial y tras dos décadas de implementada la Ley 388 de 1997 en el país, es que la dimensión política del ordenamiento implica que la toma de decisiones no solo hace referencia a la planeación física.
La relevancia de la intervención del Estado en un tema tan sensible para el ordenamiento como lo es la estructura de la propiedad del suelo nos da una medida del asunto político del ordenamiento, sobre todo en Colombia, donde la propiedad del suelo ha sido la gasolina de la violencia política.
Así es como los Plan de Ordenamiento se convierten entonces en un nuevo pacto social, un nuevo pacto territorial, donde como sociedad decidimos que tipo de territorios estamos construyendo.
Bajo la actual coyuntura, un interrogante que habría que plantearse, sería como pensarse el acceso a equipamientos y a espacio público frente al Covid-19.
Los actuales ejercicios de formulación de POT en algunos municipios de Santander deberán entonces considerar la coyuntura actual de pandemia, con el fin aterrizar en sus instrumentos de ordenamiento territorial acciones que garanticen construcción de territorios adecuados a las nuevas dinámicas urbanas postcovid.
En el caso de Barrancabermeja, el instrumento de ordenamiento territorial corresponde al Acuerdo 018 de 2002, dicho POT, aunque se encuentra vencido desde 2015, aun se considera vigente.
El municipio completa ya una década de tres intentos fallidos por actualizar o formular un nuevo POT para el Puerto Petrolero, con cuantiosas inversiones en recursos públicos que rondan los 20 mil millones de pesos.
Barrancabermeja posee la peculiaridad de ser un territorio sui generis, la complejidad del territorio en términos de una fuerte presencia de la industria de los hidrocarburos emplazada en un ecosistema ambientalmente sensible como es el bosque húmedo tropical (BHT) ha consolidado un territorio con múltiples barreras físicas y limitaciones para el crecimiento urbano.
La nueva administración municipal de Alfonso Eljach ha asumido el reto por cuarta ocasión de ajustar la brújula del territorio, dicho ejercicio tendrá que desarrollarse durante este 2020 y con un llamado de urgencia a la duma municipal para que apruebe esta nueva hoja de ruta para el desarrollo del territorio.
Y es que el POT de Barrancabermeja tendrá que resolver una problemática que viene padeciendo el Puerto hace más de un lustro y es el de la disposición final de residuos sólidos, la cual no quedo definida técnicamente en el POT de 2002 y hoy es el dolor de cabeza para la ciudad.
El llamado a la ciudadanía es a participar activamente de este proceso para lograr incidencia en el proyecto de ciudad, la única forma que logremos llevar a buen término el proyecto colectivo de ciudad en la próxima década dependerá de la capacidad de incidir en los ejercicios de planeación.
Para que esta participación tenga incidencia, se requiere que el Estado garantice el desarrollo de estrategia rompan las asimetrías en el acceso de información al POT, que temas como la Cartografía se han liberadas para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información.
*Especialista en Medio Ambiente y Geoinformatica. Experiencia en Gestión Social para el sector Oil & Gas. Director de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial.
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Para ver las charlas ingrese a los siguientes links:
Dilemas de gobiernos locales en Colombia: El Ordenamiento territorial como asunto político.
