Por: Fernando Ibarra Martínez/ Entre la diversidad de expresiones que emergen en nuestro país, una resuena con fuerza en estos días, “¡Mamá siempre tiene razón!”. De esta frase nacieron los murales “Las cuchas tienen razón”, expresión que no solo ha generado polémica en las ciudades, sino que en las últimas semanas se ha viralizado por redes sociales tras los hallazgos informados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en las 15 hectáreas de la Comuna 13 de Medellín, conocida popularmente como “La Escombrera”.
Durante más de dos décadas, decenas de madres han buscado incansablemente por cielo y tierra a sus familiares desaparecidos, enfrentándose al escepticismo y la descalificación publica, a tal punto que fueron tildadas de “locas” por manifestar que los restos de sus hijos podían encontrarse en una zona donde diariamente se depositan toneladas de escombros. Sin embargo, estas afirmaciones no estaban del todo desacertadas; de hecho, el pasado mes de diciembre se anunció el hallazgo de cuatro cuerpos en esta área, corroborando que las sospechas de las madres no estaban infundadas.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, declaró en su momento, que los vestigios hallados de personas dadas por desaparecidas constituían “una derrota aplastante al negacionismo[1]”, subrayando que en el pasado se habían cerrado las puertas para el avance de las investigaciones en este ámbito. No obstante, y como suele ocurrir en el país, hubo sectores de la sociedad colombiana que cuestionaron la veracidad y el propósito de estos hallazgos. Para algunos, los restos hallados no representan un aporte significativo a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado; por el contrario, consideraron que estos descubrimientos son parte de una estrategia política de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Un ejemplo claro es el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en lugar de abogar por la celeridad de las investigaciones para esclarecer lo sucedido con los cuerpos hallados, afirmó que “nunca apoyamos la impunidad, pero la JEP y el gobierno Petro – Santos lo que hacen es política con las víctimas de La Escombrera”, sugiriendo que las investigaciones recientes no son esfuerzos de justicia sino estratégicas políticas que no van más allá de intereses personales. Uribe también aseguró que desde 1978 la delincuencia y los grupos al margen de la ley habían arrojado cadáveres en esta zona y pese a la solicitud de la comunidad de cerrarlo, las autoridades no habían actuado[2].
Con estas declaraciones, el exmandatario dejaba claro que no se podían asociar directamente los hallazgos recientes de restos humanos con las operaciones realizadas durante su mandato. Esta afirmación surgió en respuesta a las declaraciones de miles de colombianos que, a través de diversos medios, aseguraron que los restos encontrados corroboraban las acciones ejecutadas por las fuerzas armadas durante la conocida Operación Orión, la cual comenzó el 16 de octubre de 2002, con el objetivo de desarticular a los Comandos Armados del Pueblo (CAP), así como a las milicias del ELN y las FARC que operaban en la Comuna 13 de Medellín.
Esta operación, según el gobierno de turno, pretendía “pacificar la zona” y erradicar la presencia de grupos armados que atentaban contra la seguridad y estabilidad de la región, pero al parecer, la situación no fue así. Contrario a las declaraciones de Uribe, la sentencia del “Caso Guzmán Medina y otros vs Colombia” del 23 de agosto del 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presenta una realidad diferente. Este órgano que no estuvo ni está involucrado en campañas políticas, estableció que sí hubo desapariciones forzadas y desplazamientos de los habitantes de la Comuna 13 de Medellín. Asimismo, señaló que después de Orión, el Bloque Cacique Nutibara de las AUC, pasó a ejercer el control hegemónico de la zona, lo que representó “un alto número de inhumaciones clandestinas, específicamente en los sectores de “La Arenera” y “La Escombrera[3]””.
La CIDH concluyó que la desaparición del señor Arles Edisson Guzmán Medina, cometida por el Bloque Cacique Nutibara de las AUC es atribuible al Estado, basándose en las evidencias que indican que mediante la “Operación Orión”, el Estado facilitó que dicho grupo paramilitar ingresara y consolidara su control en la Comuna 13, manteniendo su presencia en la zona hasta el momento que se realizó la desaparición forzada. Cabe destacar que las desapariciones forzadas fueron utilizadas como una estrategia por parte de algunos agentes estatales para evitar el aumento de las cifras de homicidios en el país, al tiempo que se borraban las evidencias de los crímenes cometidos y evadían cualquier tipo de investigación legal.
La sentencia de la CIDH en el caso de Guzmán Medina confirma que no existía una “esquizofrenia colectiva” por parte de las madres, aunque todavía quedan cientos de historias e investigaciones pendientes. Este fallo pone de manifiesto la necesidad de cuestionar y revisar las narrativas oficiales que se generaron hace décadas, las cuales, como ocurrió recientemente con el expresidente Uribe, han buscado restarle importancia e invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos que se han perpetuado desde el Estado. Además, según la JEP, solo en el 2002 se produjeron cerca de 200[4] desapariciones forzadas de las 502 reportadas por la UBDP[5]. Dicho de otra manera, el 40% de los cadáveres que se encuentran en la zona corresponderían a crímenes cometidos durante el año transcurrido desde la Operación Orión hasta la desmovilización de los paramilitares liderados por Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.
Para completar, como diría una madre, recientemente se confirmó que los cuerpos hallados a finales del año pasado en La Escombrera efectivamente corresponden a desapariciones forzadas ocurridas en el 2002, y no a otro periodo de tiempo como sugería el exsenador Uribe. No obstante, las investigaciones deben continuar, no solo para precisar las fechas de los crímenes, sino para identificar a las personas que fueron asesinadas.
Con estos avances se espera que las familias de las victimas finalmente conozcan la verdad sobre lo sucedido con sus seres queridos y pongan fin a una búsqueda incansable marcada por falsas versiones, estigmatización, zozobra y una revictimización que se ha prolongado durante décadas. En ese sentido, ante las evidentes preocupaciones de ciertos sectores que buscan obstaculizar la justicia y desviar la atención, es fundamental resaltar que las madres hoy no sueñan con ver tras las rejas a los que ejecutaron y dieron las ordenes, sino que anhelan de todo corazón poder vivir su duelo, tal y como han podido hacerlo quienes han perdido un ser querido en otras circunstancias.
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*Historiador y Archivista, Especialista en Gerencia de Proyectos. Líder y asesor en proyectos archivísticos y de gestión documental.
Instagram: @fibarramz
X: @feribarramz
LinkedIn: Fernando Ibarra Martinez
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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[1] El Espectador. (diciembre de 2024). “Una derrota aplastante al negacionismo”: JEP sobre hallazgos en La Escombrera. El Espectador
[2] El Espectador. (diciembre de 2024). Álvaro Uribe habló sobre La Escombrera: defendió la Operación Orión de su gobierno. YouTube
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos. (agosto de 2023). Caso Guzmán Medina y otros vs. Colombia (p.13). CIDH
[4] Jurisdicción Especial para la Paz. (septiembre de 2023). La JEP llevará a cabo audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que protegen La Escombrera y La Arenera en la Comuna 13 de Medellín. JEP
[5] Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. (diciembre de 2024). La Unidad de Búsqueda y la JEP hallan las primeras estructuras óseas en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. UBPD
