Myanmar cumple un año de represión y caos. El 1 de febrero de 2021, la junta militar perpetró un golpe de Estado con el que aún mantiene detenidos a la líder Aung Sang Suu Kyi y al presidente Win Myint.
Este martes 1 de febrero, en el primer aniversario de la fecha, el país amaneció con varias protestas activas contra el Ejército y en medio de las preocupaciones por lo que se ha convertido en una lucha interna cada vez más violenta.
El rechazo más generalizado fue notorio con la denominada “huelga del silencio”, que se extendió por distintas ciudades de la nación. Miles de personas permanecieron en sus hogares, las calles quedaron desiertas y los negocios cerraron; en una muestra pacífica pero desafiante contra los militares a los que acusan de apagar el progreso tentativo hacia la democracia que vivía el país.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo en Yangon, la ciudad más grande del país, y en otras localidades, los sitios usualmente más concurridos se transformaron en lugares vacíos.
Además, y a pesar de las estrictas medidas de seguridad, en Mandalay, Sagaing, Yangon, y otras urbes, los jóvenes manifestantes, incluidos monjes budistas, realizaron protestas enérgicas pero apacibles al amanecer, con pancartas y cantos de consignas antimilitaristas.
«Podríamos ser arrestados y pasar nuestra vida en la cárcel si tenemos suerte, aunque también podríamos ser torturados y asesinados si no tenemos suerte», subrayó la activista juvenil Nan Lin.
Y es que desde que el Ejército volvió a controlar por completo Myanmar, la represión ha sido constante. Desde la semana pasada, la junta emitió advertencias oficiales en los medios de comunicación estatales en las que sentenció que cualquier persona que participara en la huelga silenciosa podría ser procesada, incluso en virtud de la Ley contra el Terrorismo, con una pena máxima de cadena perpetua y la posible confiscación de sus bienes.
Decenas de dueños de negocios que habían anunciado su participación con el cierre de sus comercios fueron arrestados, según informes del periódico estatal ‘Myanma Alinn Daily’.
Entre los detenidos de distintas partes del país están vendedores, dueños de restaurantes, trabajadores médicos, un monje, un maquillador, el dueño de un taller de reparación de teléfonos móviles y un astrólogo, publicó el medio controlado por el Ejército.
Pese a las medidas de coerción, otros marcharon haciendo un saludo con tres dedos, señal adoptada de la película ‘Los juegos del hambre’ que también han utilizado manifestantes a favor de la democracia en la vecina Tailandia.
Contra manifestaciones de la junta militar
Como un intento por socavar la huelga y otros tipos de protesta, en Yangon y Mandalay, las autoridades programaron eventos especiales, incluido un concurso de ciclismo, para tratar de atraer multitudes.
A los trabajadores de la ciudad de Yangon se les pidió asistir durante la misma hora en la que estuvo convocada la huelga del silencio, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., hora local, de acuerdo con documentos filtrados.
Asimismo, se registraron varias manifestaciones a favor de los militares, que, según la opinión generalizada, fueron organizadas por el mismo Ejército.
La ONU pide acciones para evitar una «guerra civil»
Las manifestaciones pacíficas han sido ampliamente conocidas a lo largo del país desde el inicio del golpe de Estado. Sin embargo, los enfrentamientos violentos en los últimos meses han ido en aumento.
Luego de que las protestas fueron reprimidas con fuerza letal, surgió una resistencia armada que aún no ha podido ser controlada por el Ejército.
Expertos de la ONU describen la situación como una «guerra civil». Hasta el momento, alrededor de 1.500 civiles han muerto y 11.838 han sido arrestados desde el golpe, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, un grupo activista citado por Naciones Unidas. La junta cuestiona el número de fallecidos.
En la víspera del primer aniversario del golpe de Estado, la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, emitió una declaración en la que destacó “una intensificación de la violencia, una profundización de la crisis humanitaria y de derechos humanos y un rápido aumento de la pobreza en Myanmar”, que requiere una respuesta urgente.
El primer año de la toma del poder a la fuerza también ha atraído la atención internacional, especialmente de las naciones occidentales.
Estados Unidos, Reino Unido y Canadá impusieron nuevas sanciones contra el Ejército birmano.
El presidente Joe Biden instó a las fuerzas armadas a revertir sus acciones, liberar a la líder civil derrocada del país, Aung San Suu Kyi, y a otros detenidos, y entablar un diálogo significativo para devolver a Myanmar al camino de la democracia.
Las sanciones de Washington golpean a funcionarios birmanos que se suman a las ya aplicadas a altos oficiales militares. Entre otras acciones, congelan cualquier activo que puedan tener en las jurisdicciones de EE. UU. y prohíben que los estadounidenses hagan negocios con ellos. Londres y Ottawa anunciaron medidas similares.
La violencia se recrudece cuando no hay indicios de un retorno pronto a un Gobierno civil. Las autoridades militares reportaron recientemente que realizarían nuevas elecciones una vez la situación sea “pacífica y estable”, pero el Ejército ya se ha retractado anteriormente de sus promesas. Se había comprometido inicialmente a realizar una votación en 2022, pero un portavoz de la junta señaló el mes pasado que ahora quedarían programadas para agosto de 2023.
