Más de 2.000 húngaros entre los que se encontraban familias romaníes y grupos por los derechos civiles, marcharon hacia Parlamento del país el domingo para protestar contra la negativa del gobierno a pagar una indemnización a los niños gitanos que han sido segregados de forma ilegal en una escuela del este de Hungría.
El primer ministro del país, el derechista Viktor Orbán, quien con anterioridad ha sido objeto de críticas de la Unión Europea por su supuesta erosión del Estado de Derecho, sugirió que el Estado debería desobedecer las órdenes judiciales de pagar una indemnización a los niños romaníes de la aldea de Gyongyospata y ofrecerles en su lugar formación.
Varios tribunales han ordenado al Estado que pague una indemnización por daños y perjuicios en un proceso que se ha prolongado durante casi un decenio. El tribunal superior de Hungría debe tomar una decisión final pronto.
Con la desaceleración de la economía y la pérdida de fuerza de su campaña antiinmigración, los analistas dicen que Orbán está tratando de movilizar a sus votantes poniendo el foco en los tribunales independientes, a la minoría romaní y a las ONG que los ayudan.
“La intromisión del Gobierno en el asunto de las indemnizaciones en Gyongyospata es ilegal y viola el Estado de Derecho y la independencia de los tribunales”, dijeron los organizadores de la protesta en Facebook.
Los manifestantes sostenían pancartas que decían “Nadie está por encima de la ley” y “El futuro no puede construirse sobre el odio”.
Orbán lleva en el poder desde 2010, mientras que su partido, Fidesz, encabeza las encuestas de opinión por su postura antiinmigración.
Sin embargo, Fidesz sufrió un inesperado revés en las elecciones municipales del pasado mes de octubre, al perder Budapest frente a la oposición.
Orbán ha dicho que “un fallo judicial que cita la segregación ha agitado la opinión pública al conceder grandes sumas de dinero a algunos residentes romaníes”, añadiendo que todo el mundo debe trabajar para recibir dinero.
También ha dicho que “abogados curtidos en los negocios” se aprovecharon de las condiciones de hacinamiento en las cárceles húngaras para dar curso a 12.000 demandas contra el Gobierno por infringir las normas penitenciarias de la UE. Varios abogados han dicho que Orbán está socavando el Estado de Derecho.
Fidesz ha afirmado que personas vinculadas al multimillonario de origen húngaro George Soros ayudaron a los romaníes a presentar las demandas. El partido ha hecho campaña durante años contra Soros, que promueve las causas liberales.
El domingo, cerca de 500 psicólogos firmaron un alegato en el que se sostiene que la campaña del Gobierno podría alimentar el odio entre los gitanos y los no gitanos. Los gitanos representan entre el 5% y el 7% de la población de Hungría.
Robert Laszlo, analista del centro de estudios liberal Political Capital, dijo que Orbán está tratando de revigorizar sus bases con su nueva campaña.
La misma incluirá una “consulta nacional” el próximo mes en la que se enviarán cuestionarios a millones de húngaros sobre los pagos a gitanos y las compensaciones a prisioneros.
