El país ahorró en el 2023 alrededor de 15.426 millones de pesos con las acciones de racionalización y simplificación de trámites en las entidades del Estado, informó el Departamento Administrativo de la Función Pública, en un balance con corte al 30 de noviembre pasado.
La entidad indicó que la política de racionalización de trámites logró 710 acciones de racionalización que impactaron al 78% del país en 25 departamentos.
De las acciones de racionalización, 84 fueron ejecutadas por entidades nacionales y 626 por entes territoriales, y de estas últimas, 294 correspondieron a racionalizaciones de tipo administrativo, 78 normativas y 338 de tipo tecnológico.
Función Pública emitió la Circular Externa 100-002 de 2024, que precisa los lineamientos para que las entidades, organismos y órganos del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva nacional y territorial intervengan los trámites que les dificultan la vida a los ciudadanos.
La circular, dirigida a los representantes legales, insta a poner en marcha procesos de racionalización y estandarización que incluyan medidas relacionadas con costos, uso de la tecnología, reducción de tiempos, así como la eliminación de trámites y requisitos.
La política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites se propone que estos sean sencillos y que eliminen complejidades, requisitos y costos innecesarios para la ciudadanía.
El aporte de la racionalización no solo se mide en cifras, sino en el impacto y valor de la calidad de servicio a las comunidades y el respeto por su tiempo, señaló Función Pública.
