El Gobierno del Cambio, a través de la Unidad para las Víctimas, realizó 163.314 giros de indemnizaciones administrativas en el 2023 a personas víctimas del conflicto armado por un valor de 1,4 billones de pesos.
La cifra superó la meta anual fijada por la Unidad de 105.000 indemnizaciones administrativas y se proyecta cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo durante el cuatrienio, en búsqueda de indemnizar a 600.000 víctimas.
“Quiero resaltar los 163.314 giros de indemnización por vía administrativa que dispusimos ese año, un resultado histórico que no solo supera la meta del Plan Nacional de Desarrollo y la meta del Plan de Acción, sino que rompe todos los registros que la entidad había logrado desde su existencia», dijo la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.
Agregó que los giros permitieron indemnizar a 143.602 personas nuevas y se demostró la viabilidad de las metas del Gobierno del Cambio, alcanzables con el apoyo y la gestión de un equipo riguroso y comprometido.
Con relación a las indemnizaciones judiciales, en cumplimiento de sentencias de la Ley de Justicia y Paz, se realizaron 4.939 giros a 4.234 víctimas, lo que representa una ejecución presupuestal de 142.157 millones de pesos.
Para avanzar en el pago de estas indemnizaciones fue clave la transformación del Fondo para la Reparación a las Víctimas, mediante un saneamiento interno que derivó en una monetización de bienes del paramilitarismo por más de 28.000 millones de pesos.
Esta cifra superó la alcanzada en los últimos 10 años, periodo en el cual el Fondo monetizó 17.000 millones de pesos.
“Son esfuerzos que sobresalen entre los diferentes periodos de Gobierno porque hemos logrado hacer en un año mucho más de lo que se hizo en 10 años», dijo la directora de la Unidad.
Resaltó, además, que en el 2024 la Unidad contará con un presupuesto de 4,4 billones de pesos —superior a los 2,7 billones de pesos del 2023—, lo que significará un gran avance para superar los rezagos con las víctimas. De este total, 3,4 billones de pesos se destinarán a procesos de reparación.
Reparación colectiva
En la ruta de reparación colectiva también se evidenció un progreso y se resaltó el objetivo de llegar hasta territorios y comunidades vulnerables.
En 2023, por ejemplo, se logró llegar a territorios de sujetos de reparación colectiva como el resguardo Tahamí del Alto Andágueda en el municipio de Bagadó (Chocó); las comunidades del pueblo Nukak, en Guaviare, y el área no municipalizada de La Chorrera (Amazonas).
Las sonrisas de los habitantes de Bojayá (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) al recibir 681 cartas de indemnización judicial y los aplausos del pueblo raizal de San Andrés y Providencia, al ser notificado como Sujeto de Reparación Colectiva (SRC), clausuraron un año clave para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
En el caso de San Andrés, la comunidad esperó por más de una década este anuncio como parte de los procesos de reparación, dignificación y garantía de sus derechos colectivos.
Asimismo, se sostuvieron diálogos políticos con autoridades indígenas de los resguardos de San Lorenzo, Escopetera Pirza y Cañamomo y Lomaprieta (Caldas) y con la Minga del departamento del Putumayo, para dialogar sobre la reparación colectiva.
Las acciones sintetizaron las apuestas del Gobierno del Cambio de empezar a saldar deudas históricas con las víctimas y superar los retrasos en la atención a esta población.
