Por medio de un comunicado difundido este 19 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó de las nuevas sanciones a funcionarios cubanos por las acusaciones de represión a ciudadanos que participaron en las manifestaciones antigubernamentales de julio pasado.
Las sanciones están dirigidas a tres funcionarios de la isla, entre los que se encuentran el jefe del Ejército Central y el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, quienes, de acuerdo con el Tesoro, fueron responsables de las unidades desplegadas durante las manifestaciones.
El tercer afectado por estas sanciones es un alto funcionario carcelario, a quien EE. UU. acusa de estar detrás del tratamiento penitenciario de unas 800 personas arrestadas durante el estallido social.
Estas medidas se convierten en la cuarta ronda de sanciones que Estados Unidos aplica a funcionarios y entidades cubanas en medio de las acusaciones de Washington de represión por las protestas.
La represalia se enmarca dentro de la ley Global Magnitsky Act, aprobada en el Congreso estadounidense en el año 2012. Mediante esta, EE. UU. congela los activos de aquellos que determina culpables de abusos a los derechos humanos y prohíbe que ciudadanos estadounidenses puedan hacer negocios con ellos.
Amnistía Internacional acusa al Gobierno cubano
Este mismo jueves, la organización Amnistía Internacional (AI) nombró a seis personas detenidas en las protestas como «presas de conciencia» y acusó al Gobierno cubano de estar llevando a cabo prácticas de represión de las libertades dentro de la isla de una manera sistemática.
«Tras las protestas pacíficas celebradas en toda la nación, las autoridades cubanas, con el presidente Díaz-Canel a la cabeza, han intensificado una política de represión, aplicada durante décadas, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones», indicó la entidad en su página web.
La entidad defensora de derechos humanos también acusó a las autoridades cubanas de estar llevando a cabo «nuevas tácticas» de control, que según AI incluyen censura e interrupciones de Internet «para controlar y encubrir las graves violaciones de derechos humanos», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, quien pidió la liberación «inmediata» de cientos de detenidos.
Las manifestaciones del 11 de julio fueron las mayores en sesenta años de Revolución en la isla. Los ciudadanos se tomaron las calles para protestar contra el Gobierno en medio de la peor crisis económica que ha vivido Cuba desde la caída de la Unión Soviética en los años 90 y en medio de una escasez generalizada de medicamentos, medicinas y otros bienes básicos mientras el país pasa su peor momento de la pandemia de Covid-19.
