El Ministerio de Salud generó polémica tras asignar dos lanchas ambulancia al Hospital San José de Maicao, en La Guajira, un municipio sin mar ni río navegable, mientras negaba la reunión de la esposa del ministro con funcionarios para influir en contrataciones, detonando cuestionamientos sobre gestión, prioridades y manejo de recursos públicos.
El sistema de salud colombiano enfrenta presiones crecientes debido a los problemas financieros, el atraso en pagos a prestadores y la intervención de múltiples EPS por parte del Gobierno Nacional. En ese marco, cualquier decisión que implique mayores inversiones o reorganización de recursos se observa con lupa pública y política.
En ese contexto ya tensionado, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció durante una agenda territorial en La Guajira la asignación de recursos para infraestructura, dotación hospitalaria y transporte asistencial en el departamento. Entre las acciones destacadas estuvo la entrega de dos lanchas ambulancia medicalizadas al Hospital San José de Maicao, inversión que ascendió a aproximadamente 1.680 millones de pesos, además de 11 ambulancias terrestres por casi 2.976 millones de pesos.
Sin embargo, el anuncio de estas embarcaciones generó incredulidad y críticas, especialmente porque Maicao es un municipio sin acceso directo al mar ni a ríos navegables, ubicado en pleno desierto guajiro. Para muchos analistas y ciudadanos, la medida parece no corresponder con las necesidades geográficas y de acceso del territorio y pone en duda la planificación y racionalidad del gasto público en salud.
Frente al debate, el Ministerio de Salud ha salido a defender la decisión. En comunicado oficial explicó que la inversión en lanchas responde a una estrategia integrada de transporte asistencial que “permite avanzar en el cierre de brechas para garantizar una atención oportuna, digna y de calidad” en el norte de La Guajira. Además, aseguró que el Hospital San José de Maicao, a pesar de estar intervenido administrativamente, está habilitado para operar las embarcaciones asignadas.
La cartera también detalló cómo funcionará este modelo de atención combinada: las lanchas partirían desde puertos como Estrella y Bahía Honda, ubicados en la zona norte extrema del departamento. Desde estos puntos, los pacientes serían trasladados por mar hasta Puerto Bolívar, desde donde continuarían el traslado en ambulancias terrestres hacia Maicao o Riohacha, según la complejidad de cada caso.
Según el Ministerio, esta articulación responde a situaciones como temporadas de lluvias, en las que el acceso por carretera es más difícil y se justifica el uso de transporte marítimo para atender emergencias en zonas costeras o de difícil acceso.
Críticas geográficas y de priorización
Para críticos de la medida, incluso con la explicación oficial, sigue siendo cuestionable asignar lanchas a un hospital que no tiene acceso directo a agua navegable. Hay quienes argumentan que otros municipios con puertos y servicios hospitalarios más robustos, como Riohacha, podrían beneficiarse en mayor medida de este tipo de transporte asistencial, sin el gasto adicional y la logística compleja vinculada a llevar barcos a un punto desértico.
Además, surgen interrogantes sobre la priorización de recursos en un sistema de salud con problemas de liquidez y acceso a medicamentos y tratamientos en diversas regiones del país.
A la controversia geográfica se sumó otra de carácter político y ético. Medios locales y funcionarios del sector salud en La Guajira denunciaron que Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y superintendente delegada de Salud, habría sostenido una reunión a puerta cerrada con funcionarios del hospital para instar la firma de contratos de compra de medicamentos por vía directa, eludiendo procesos de licitación.
Esta versión fue rápidamente recogida por congresistas que solicitaron a la Procuraduría General de la Nación intervenir y evaluar posibles faltas disciplinarias. Aunque no se conoce material probatorio público de esa reunión, el hecho despertó suspicacias por la posible mezcla de intereses personales con decisiones administrativas.
El gerente del Hospital San José de Maicao, Larry Javier Laza Barrios, negó categóricamente que la esposa del ministro estuviera presente en dichas reuniones o que hubiera influido en decisiones de contratación. “No es cierta la versión de esa reunión”, declaró al diario de Bogotá EL TIEMPO, desestimando las acusaciones que circulaban en medios y redes.
Las lanchas y su tramitación
Sobre las embarcaciones en sí, el propio gerente del hospital explicó que los trámites administrativos para la adquisición de las lanchas comenzaron hace aproximadamente dos años, mucho antes de las recientes polémicas. Según Laza, las lanchas fueron fabricadas en Medellín y están listas para operar una vez que se otorguen las licencias de funcionamiento por parte de la Dirección General Marítima (Dimar), proceso que podría tardar alrededor de 20 días.
Además, el gerente aseguró que el contrato para adquirir las lanchas se realizó mediante licitación pública, con toda la documentación respaldada, negando que haya habido irregularidades en el proceso de adquisición.
Organizaciones sociales, sectores de la oposición y críticos de las políticas públicas de salud han aprovechado este caso para poner en cuestión la priorización de recursos del Gobierno. Argumentan que mientras algunas regiones acumulan retrasos en pagos, falta de acceso a medicamentos, y deficiencias en atención primaria, el Estado destina partidas millonarias a proyectos cuya utilidad práctica parece difusa.
Aunque el Ministerio ha defendido técnicamente la medida, la percepción de mala gestión persiste entre quienes ven la entrega de lanchas a una localidad desértica como un ejemplo de decisiones desconectadas de la realidad geográfica y de las verdaderas necesidades de la población.
