Cuando alguien comete un delito o actúa de en contra de la ley recibe, por regla general, un castigo que está previsto por las mismas leyes. Sin embargo, existen acciones que a pesar de que no sean ilegales ni delictivas pueden atentar contra la moralidad pública y revestir de ilegitimidad a las autoridades mismas.
Por: Fray Andrés Julián Herrera Porras, O.P/ Un manto de duda, una sombra que hiede a tráfico de influencias, ha venido sonando desde hace un par de semanas sobre la actuación de algunos ministros respecto de contratos que han sido adjudicados a algunos familiares cercanos. No se trata de una gran novedad, se trata de la repetición de la que parece ser la conducta natural de los políticos colombianos, conducta de derechas e izquierdas.
Casi al mismo tiempo, justo en la otra orilla, y, obviamente a espaldas de todo el Centro Democrático, que siempre ha tenido un comportamiento a carta cabal, o al menos eso han querido aparentar, se descubrieron algunos audios donde se destapan las jugadas sucias de Óscar Iván Zuluaga, conocido también como “Zurriaga”, y la relación de él y su campaña con la ya famosa y escandalosa Odebrecht, además de la vergonzosa supuesta conversación con su confesor.
Estamos entonces ante un problema de moralidad pública enorme, uno que no es nuevo, pero que no por ello debe pasar desapercibido. Ahora bien, no se trata de un problema que solo se dé en los altos mandos de la política nacional, basta recordar el escándalo Vitalogic y su relación con el hoy candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, para observar que también pasa en el plano local.
Siguiendo con ejemplos locales, el ex alcalde de Bucaramanga Fernando Vargas que, en su momento, fue destituido e inhabilitado por once años, hoy podría ser uno de los candidatos más fuertes a la gobernación de Santander. A esto se le puede sumar todo el manto de dudas que se teje siempre sobre el clan Aguilar y sus nexos con el paramilitarismo. Nada que envidiar al panorama nacional.
En muchos de los casos mencionados se podría decir que no hay actuaciones ilegales en sí mismas; ser candidato una vez cumplida la inhabilidad no es ilegal, tener contratos estatales siendo familiar de un ministro (siempre que sea con una entidad no relacionada con el ministro) no es ilegal; aconsejar en el confesionario a alguien a que mantenga una mentira, tampoco es ilegal. Empero, no todo lo legal es ético.
Hasta aquí algunos podrían argumentar, con cierta razón, que precisamente para evitar la subjetividad en la que pueden caer los juicios morales existe la positivización del derecho y lo que se debe discutir siempre es la ilegalidad o no de los actos cometidos por los individuos, y no si dichos actos son éticos o no.
Contrario al argumento anterior, consideró que la moralidad de los actos es supremamente relevante en cuanto a la administración pública se refiere, esto en razón del manto de autoridad con el que se reviste quien ejerce la administración misma. Cuando la legitimidad del gobernante se ve cuestionada, todo su ejercicio pierde fuerza y debilita el aparato.
Un ejemplo particular se da con la autoridad de tránsito, que tiende a ser cuestionada a nivel nacional, en algunos casos por temas ilegales como recibir sobornos a cambio de dejar pasar infracciones, en otros casos legales, pero cuestionables como cerrar el paso de vehículos para dar preferencia a caravanas de políticos. En todo caso, existe una cierta debilidad institucional cuando se habla de la autoridad de tránsito en Colombia.
Lo sucedido con Daniel Felipe Ibáñez Martínez es una muestra clara de lo que puede generar cuando la institucionalidad se ve cuestionada, el descontento social ante la autoridad llega al punto de justificar la insurrección misma y, es precisamente ese descontento el que justificó para muchos las protestas que derivaron en algunas acciones de vandalismo el pasado 5 de julio como reacción ante la muerte de Daniel.
Con todo lo mencionado aquí no busco otra cosa que hacer un llamado a todo aquel que lea esta columna para que observe la importancia de los medios para llegar a los fines, no todo medio es válido y cuando se refiere al acceso al poder cualquier manto de duda moral puede derivar en problemas de legitimidad y de gobernabilidad. Es tiempo de que dejemos de votar, nombrar o aceptar “el mal menor” y empezar a asumir de forma mucho más seria nuestra responsabilidad de veeduría ciudadana.
Apuntaciones
- No puedo sugerir un candidato para cada alcaldía y gobernación, lo que sí puedo hacer es sugerir que la elección de por quién votar sea lo más pensada posible, es importante revisar el pasado del candidato, sus relaciones con otros políticos y las propuestas claras que el mismo esté haciendo.
- La futura creación como cardenal de monseñor Luis José Rueda debe llenarnos de orgullo a todos los santandereanos. Se trata de un hombre bueno, de un cura de pueblo que, sin mayores pretensiones, ha llegado a ocupar una de las más altas dignidades dentro de la Iglesia Católica.
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*Abogado. Estudiante de la licenciatura en Filosofía y Letras. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.
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