El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, afirmó que acata las órdenes dadas por la Corte Constitucional al sector Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se solucione la problemática que se viene presentando en los centros de detención transitoria del país.
“Estamos haciendo los ajustes necesarios para trasladar a las personas que en calidad de condenadas se encuentren en estos centros de detención», confirmó el alto funcionario en desarrollo de una rueda de prensa que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio y en la que se refirió a la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, que extendió el estado de cosas inconstitucional a los mencionados centros.
En su comparecencia ante los medios, en la que estuvo acompañado por el brigadier general Tito Yesid Castellanos Tuay, director general del Inpec, el jefe de la cartera de Justicia indicó que la sentencia ratifica la necesidad de integrar acciones para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Ruiz Orejuela recordó los esfuerzos que ha venido desplegando su administración para dar solución a esta problemática. “Desde que asumí mi cargo he recorrido diferentes establecimientos de reclusión en el país y hemos adoptado medidas para reducir el hacinamiento en cárceles y penitenciarías a cargo del Inpec, el cual es hoy del 19,2%», aseguró.
Y, al reiterar que estaciones de policía y URI están a cargo de los entes territoriales, manifestó que no ha obtenido respuestas de alcaldes o gobernadores para establecer convenios con el fin de ayudar a solucionar esa problemática. “A pesar de que la ley no establece una responsabilidad directa del Inpec frente a los privados de la libertad en calidad de sindicados, en 2021 fueron trasladadas más de 45.000 personas desde estaciones de policía y URI a Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron)», indicó.
El ministro Ruiz también fue enfático al señalar que, si en las cárceles a cargo del Inpec no hubiese sindicados, dichos centros de reclusión registrarían cero hacinamiento. Una afirmación que sustentó recordando que en los Eron cumplen medida intramural 96.488 personas: 25.264 sindicados y 71.224 condenados. Además, agregó que en el país hay 75.293 personas con detención domiciliaria.
De otra parte, en cuanto a las medidas para superar la crisis en el sistema carcelario, el brigadier general Tito Yesid Castellanos Tuay afirmó que desde el Gobierno nacional se viene trabajando en un plan de reestructuración del Inpec y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios (Uspec), y que se han adoptado medidas para que los establecimientos de reclusión sean más seguros.
El alto oficial manifestó que con el apoyo del Ministerio de Justicia se establecieron controles en el perímetro del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá (La Picota) (con unidades militares que hacen rondas) y que se ordenaron mayores restricciones en todas las cárceles para el ingreso y salida de personas.
“Asimismo, todos los privados de la libertad solicitados en extradición fueron trasladados a pabellones de alta seguridad de La Picota; fueron trasladadas las personas que representaban un riesgo en los sitios de reclusión en los que se encontraban; y habrá mayores controles frente a los permisos otorgados a los privados de la libertad para procedimientos médicos», señaló el director del Inpec.
El brigadier general confirmó que actualmente 60 funcionarios del Inpec se encuentran sancionados por diversas irregularidades en las cárceles, y que la Fiscalía y la Procuraduría continúan con sus investigaciones para identificar y sancionar los casos de corrupción que se presenten en la institución.
Por último, Castellanos se refirió al plan de reforma del Inpec, para el cual dijo, se han establecido mesas de trabajo. “Estamos estudiando los cambios que deben hacerse para que la institución sea más transparente, y los daremos a conocer de manera oportuna. También nos hemos reunido con autoridades de Estados Unidos, que nos han manifestado su apoyo en este proceso dada la experiencia que tienen en el manejo del sistema penitenciario», expresó.
