Un caso que mezcla política, justicia y tensión mediática.
El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sigue generando interrogantes sobre su desenlace y las posibles implicaciones para el gobierno actual.
Recordemos que el 13 de enero de 2025, Nicolás Petro Burgos se declaró inocente frente a los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que enfrenta desde julio de 2023.
Este caso, catalizado por las denuncias de su exesposa Daysuris Vásquez, ha capturado la atención nacional al involucrar al primogénito del primer presidente de izquierda de Colombia.
La cronología comenzó el 4 de marzo de 2023, cuando Vásquez reveló que Petro habría recibido 1.000 millones de pesos de empresarios cuestionados. Aunque esos fondos supuestamente financiaban la campaña presidencial de Gustavo Petro, la Fiscalía asegura que terminaron en cuentas personales del hijo del mandatario.
Estas denuncias, realizadas en entrevistas y bajo juramento, colocaron a Nicolás Petro en el ojo del huracán mediático y judicial. Su captura en Barranquilla, el 29 de julio de 2023, marcó un punto de inflexión en su vida pública y personal.
Durante las audiencias iniciales, el juez 74 penal de Bogotá declaró legal su captura, mientras que las pruebas de la Fiscalía, liderada inicialmente por Mario Burgos, apuntaban a un incremento patrimonial injustificado de más de 1.053 millones de pesos.
Las primeras imputaciones incluyeron testimonios, registros financieros y evidencias documentales que comprometen la gestión económica de Nicolas Petro.
En un giro sorprendente, Petro (hijo) anunció su intención de colaborar con la justicia en agosto de 2023. Esta declaración, vista como una estrategia para reducir posibles penas, generó un terremoto político.
Sin embargo, este compromiso duró poco. En septiembre, denunció presiones para incriminar a su padre y retiró su intención de cooperar, optando por enfrentar un juicio completo; decisión que abrió una nueva etapa en el caso, marcada por la confrontación directa con el ente acusador.
El caso adquirió un tinte más político cuando se supo que Gustavo Petro visitó a su hijo en agosto de 2023. Aunque ambos negaron haber discutido el proceso judicial, críticos sugirieron que esta reunión influyó en el cambio de postura de Nicolás Petro.
Esta visita familiar se realizó en un contexto de alta tensión pública, con el país dividido entre quienes defendían la presunción de inocencia y quienes reclamaban una investigación ejemplar.
A lo largo de 2024, el proceso estuvo marcado por controversias y cambios de estrategia. La fiscal Luz Adriana Camargo destituyó a Mario Burgos por supuestas irregularidades, mientras que la nueva fiscal encargada, Lucy Laborde, enfrentó críticas por su desempeño en las audiencias.
Durante las diligencias, Laborde presentó pruebas de pagos en efectivo, adquisición de bienes de lujo y transacciones financieras irregulares. Estas evidencias fortalecieron la acusación, pero también suscitaron dudas sobre la capacidad del equipo judicial para manejar un caso de tal magnitud.
La defensa de Petro (hijo), liderada por varios abogados que se alternaron en el caso, presentó más de treinta testigos, incluyendo al presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa.
Los abogados también introdujeron documentación sobre los gastos e ingresos de la campaña presidencial de 2022, argumentando que los fondos cuestionados tenían un origen lícito.
Esta estrategia buscó desvirtuar las afirmaciones de la Fiscalía y posicionar a Petro como una víctima de persecución política.
El pasado 13 de enero de 2025, Petro reafirmó su inocencia durante una audiencia clave. En esta sesión, su abogado Alejandro Carranza presentó un análisis forense de los ingresos y movimientos financieros de Petro, intentando demostrar que no había lavado de activos.
Aun así, la Fiscalía insistió en que Nicolas Petro habría recibido dinero en efectivo, propiedades y un vehículo de lujo sin declararlos ante la DIAN; también sostuvieron que colocó bienes a nombre de terceros para ocultar el origen de los fondos.
El impacto de este caso trasciende lo judicial. La opinión pública se encuentra polarizada, y el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escrutinio sin precedentes.
¿Si sabía o no sabía?
Aunque el presidente no está formalmente vinculado al proceso, las acusaciones han generado cuestionamientos sobre la transparencia de su campaña y su capacidad para manejar la crisis.
A futuro, se esperan tres escenarios posibles: una condena a Nicolás Petro que refuerce las críticas hacia la administración actual, una absolución que podría ser vista como un triunfo familiar y político, o la continuación del proceso más allá del gobierno de Gustavo Petro, dejando preguntas sin resolver.
Cualquiera de estos desenlaces tendrá implicaciones profundas para la imagen presidencial y la confianza en las instituciones; como cuando soltó esa célebre frase ¡yo no lo crie!
Este caso también plantea reflexiones sobre la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales y garantizar que casos tan emblemáticos no sean percibidos como politizados.
La opinión pública y sobre todo el sector de la oposición estará atenta al desenlace, consciente de que el resultado no solo afecta a una familia, sino también a la confianza en la justicia colombiana, y como separa su poder y responsabilidad como presidente de lo que le pueda pasar a su hijo.
Pero siendo honestos, resolver este caso antes de 2026 es muy importante para el gobierno de Gustavo Petro. La transparencia, el cumplimiento del debido proceso y la percepción de imparcialidad serán clave para determinar si la administración actual logra superar este desafío o si, por el contrario, este proceso marcará un punto negro en su historia.
El tiempo dirá si Nicolás Petro enfrenta una sentencia condenatoria o si las sombras de duda seguirán persiguiendo al gobierno que prometió un cambio histórico para Colombia y afectaran las elecciones que ya se aproximan.
