Este lunes se conoció que la Superintendencia de Salud le negó a la EPS Sura, una de las más grandes del país, su solicitud de salir progresivamente del sistema de salud. El pasado 28 de mayo, esta entidad había hecho la petición debido a la compleja situación financiera que atraviesa.
Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, afirmó en ese momento que los problemas estructurales del sistema de salud llevaron a que la EPS Sura no cumpliera con el indicador adecuado del patrimonio. Por ejemplo, entre 2022 y 2023 se registraron unas pérdidas netas por más de $360 mil millones y, para 2024, se estima que las pérdidas netas podrían llegar a ser de $500 mil millones.
EPS Sura señalaba que su índice de siniestralidad respecto a la UPC era del 102%, es decir, que gastaba 102 pesos de cada 100 que recibía para garantizar los servicios de salud de sus afiliados. Entre las razones para explicar esos números, Sura señalaba dificultades en cómo se estaba ajustando anualmente los aumentos de la UPC y, por ende, en su insuficiencia.
“Hemos buscado caminos para mantener un rol en el sistema y hemos conversado con actores. Sin embargo, el tiempo se agotó y se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro. El sistema de salud enfrenta una desfinanciación histórica. Es una problemática que nos supera como compañía”, dijo Llano, durante una rueda de prensa, ese mismo día. Sin embargo, la presidenta de la EPS no cerró las puertas a una propuesta diferente por parte de la Supersalud.
Luis Carlos Leal Angarita, quien en aquel entonces era el Superintendente Nacional de Salud (cargo ocupado ahora por Giovanny Rubiano García) recibió la documentación presentada por la entidad e inició el proceso de revisión y verificación de la solicitud de una “salida ordenada, a través de un programa de desmonte progresivo”.
Según el decreto 1297 de 2017, este programa corresponde a una acción preventiva y de protección diseñada para asegurar que las entidades de salud operen de manera efectiva y sostenible. Además, pretende prevenir problemas graves que podrían llevar a que la Superintendencia de Salud tenga que intervenir directamente en la gestión de estas entidades.
Ahora, la Supersalud ha hecho pública su determinación: “Basados en el estudio técnico de dicha solicitud fundamentado en el riesgo sistémico, entre otros, se decide negar el retiro del sistema de dicho asegurador y en su lugar se acordó con Sura EPS continuar trabajando en mesas técnicas que garanticen la continuidad en la prestación de servicios y el derecho fundamental a la salud de 5.4 millones de afiliados”, señala el comunicado.
Además, se definirá un cronograma para establecer compromisos en conjunto. La Supersalud mantendrá un monitoreo de dichos acuerdos, con el fin de que haya un acceso “oportuno y digno” a los servicios de salud y que la EPS siga prestando sus servicios de atención médica a la ciudadanía. También se buscará fortalecer las operaciones de la EPS Sura para garantizar su sostenibilidad dentro del sistema de salud.
