El Consejo de Estado negó las pretensiones de un acción de tutela que buscaba que se suspendiera el proceso de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, mediante unas mesas de trabajo virtuales que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto adelantar con las comunidades que habitan en su área de influencia.
De acuerdo a esto, la alta corte determinó que por las dificultades con las que cuenta esta población para acceder a internet y computadores, el Tribunal Administrativo de Santander deberá velar para que en el curso del procedimiento se garantice el derecho a la participación ambiental aunque no se hallan violados los derechos de los pobladores.
Todo comenzó, debido a que las demandantes interpusieron la acción, alegando que la delimitación del ecosistema estratégico del páramo ubicado en Santurbán y Berlín se hizo bajo una acción con daño pues se violó los derechos a la participación de las comunidades que habitan en la zona, por no haberlas citado a una audiencia presencial en la que los pobladores tuvieran la oportunidad de pronunciarse frente a dicha delimitación y no limitar el proceso de concertación con los pobladores a que se hiciera únicamente por medios tecnológicos.
Debido a esto, los tutelantes solicitaron la suspensión de trámite de delimitación del páramo hasta que se pudiera garantizar la participación de las comunidades que habitan en el área de influencia de este ecosistema estratégico pues según ellos se bio tener en cuenta esos problemas de conectividad desde el principio del proceso, lo cual, no se hizo.
Finalmente, como se mencionó la tutela fue negada por que el Consejo de Estado determinó que no se violaron derechos participativos porque entre otras cosas se halló que la posibilidad de realizar mesas de trabajo virtuales que presentó el Ministerio de Ambiente partió de la propuesta de la propia comunidad, pues la hicieron las juntas de acción comunal, las asociaciones de productores y mineros, las asociaciones de dueños de predios, los representantes sindicales, los docentes y las veedurías ciudadanas.
