Por: Diego Ruiz Thorrens/ El pasado 24 de abril, Colombia celebró el Día del Niño. La fecha, establecida según decreto de ley 724 de 2001, instauró el último sábado del mes de abril de cada año como el ‘Día Nacional de la Niñez y la Recreación’, ratificada con el propósito de “avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral”. La ONU lo celebra el 20 de noviembre de cada año, con el nombre de Día Universal del Niño.
Para conmemorar la fecha, el periódico El Tiempo realizó un impactante informe sobre la realidad de los niños y las niñas en nuestro país, arrojando cifras que dejan a más de uno con la sangre fría y los pelos de punta. Es un especial periodístico escalofriante, crudo, con datos e información relevante que debe ser conocido por la sociedad.
Uno de los párrafos más inquietantes fue el siguiente: “Medicina Legal, en su informe Forensis, ha establecido que los asesinos de los niños pequeños (entre 0 y 12 años) están en la propia familia: son el papá o la mamá o el padrastro o la madrastra, el cuidador o alguien cercano al hogar. Aunque también hay desconocidos que aprovechan un descuido de los papás, los secuestran y en muchos casos los abusan sexualmente y después los matan. Porque esa es otra cruel realidad: a muchos niños y niñas, antes de matarlos, los violan.”
Esta información es demoledora, principalmente, porque pone de relieve una denuncia que insistentemente no han querido escuchar ni los sectores que se autodefinen como “provida” ni mucho menos aquellos que utilizan a los menores como carne de cañón y ‘bandera de lucha’: cientos de miles de niños y niñas no están seguros ni en las calles, ni en los colegios. Mucho menos, en sus propios hogares.
Según el informe, sólo en la ciudad de Bucaramanga, en los últimos 11 años (desde el 1 de enero de 2010 hasta el 28 de febrero de 2021), oficialmente, se han identificado 112 homicidios a menores de edad. Sin embargo, el documento hace claridad de posibles vacíos en la información, haciendo el panorama más aterrador: “Hay un subregistro muy alto. Hay bebés asesinados y esos cadáveres desaparecen. Los ponen como accidentes que no son accidentes, sino muertes intencionales como fracturas por caídas o quemaduras o asfixias que tampoco se investigan lo suficiente. Y eso es una vergüenza”.
El informe pone de relieve un aspecto que afecta la salud sexual de las mujeres, aspecto que ha servido de plataforma política para atacar derechos sexuales y derechos reproductivos desde sectores fundamentalistas y/o hegemónicos, que urgentemente necesita ser transformado: el derecho de toda mujer a la libre decisión de tener o no tener hijos: “El 50,5 de los niños que nacen en Colombia no son deseados. Así quedó establecido en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends 2015), la más reciente, que recopila datos sobre la salud sexual y reproductiva de los colombianos. Y un niño no deseado será, en la mayoría de los casos, un niño violentado.”
Este importante documento, realizado de forma profesional y concienzuda, aborda casi todas las esferas y problemáticas que viven los niños y las niñas en nuestro país, muchas de ellas, que se traducen en violencia, violencia que se ha visto exacerbada por la pandemia del Covid–19 y las múltiples medidas de confinamiento.
Sin embargo, a pesar que el informe habla de la violencia sexual (violación) e incluso aborda cómo se encubren cientos de homicidios de menores en nuestro país, no menciona ni hace referencia a las aberrantes violaciones que sufren los niños y las niñas cuando comienzan a descubrir su orientación sexual y/o su identidad de género, aspecto que afecta su calidad de vida en la esfera escolar, social y familiar.
El título del informe es una sepulcral sentencia, de la que ninguno escapa: “el país que mata a sus niños”. Es un grito de auxilio, de malestar, de reclamo y de exigencia por la garantía de derechos y la protección de la vida de los niños y niñas de nuestro país.
Todos los niños y las niñas necesitan urgentemente ser protegidos sin importar el estrato social, su cultura de origen, el estatus migratorio, la raza, la religión de los padres o la región del país a que pertenecen, etcétera; y una manera de alcanzar tan necesario cobijo es asumiendo nuestra responsabilidad con ellos, con ellas, no ignorando el llamado de auxilio, nunca naturalizando la violencia.
No podemos permitir el silencio. La vida de muchos niños y niñas están en juego, y de todos nosotros depende que nuestro país pueda verdaderamente tener un futuro.
Este artículo es un llamado de auxilio (mi grito de auxilio) por todos aquellos menores, todos aquellos niños y niñas, connacionales y migrantes, que se han visto duramente golpeados por la violencia en tiempos de pandemia, y que urgentemente necesitan, más que escuderos políticos que salgan a hablar en representación de ellos, voluntades (políticas, sociales, empresariales, institucionales) que brinden verdadera y real protección.
Si desea leer el informe completo realizado por el periódico El Tiempo, lo puede encontrar aquí (Link).
*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP, seccional Santander.
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