El coronel Juan Chiroy, el sargento Edin Agustín y siete soldados son acusados de haber disparado a los manifestantes que mantenían bloqueada la carretera Interamericana en protesta por el aumento de la tarifa de energía eléctrica y otros reclamos sociales.
Seis hombres de la etnia maya k’iche’ murieron en este hecho ocurrido durante el gobierno del entonces presidente derechista Otto Pérez (2012-2015), condenado en 2022 a 16 años de cárcel por corrupción, en lo que líderes indígenas describen como la primera masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad tras el fin de la guerra civil (1960-1996).
«Pido justicia y reparación porque los soldados mataron a nuestros esposos», dijo Celestina Aguilar, de 50 años, viuda de Jesús Puac, uno de los seis fallecidos.
Más de 30 manifestantes resultaron heridos y dos murieron después, por lo que los abogados de las víctimas pedirán al tribunal que ordene a la Fiscalía ampliar las investigaciones.
El hecho ocurrió en el sitio conocido como la Cumbre de Alaska por la altitud y el clima frío en ese tramo de la ruta entre los departamentos de Totonicapán y Sololá, a unos 100 km al oeste de la capital.
Los militares permanecen bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país.
«Derramaron mucha sangre»
El juicio inició el 15 de junio pasado en un tribunal de casos de alto impacto de la capital, tras casi 11 años de espera debido a recursos que fueron atrasando el proceso. Los nueve militares enfrentan cargos de ejecución extrajudicial y arriesgan condenas de entre 20 y 50 años de prisión.
«Mi nieto ahora me está preguntando: dónde está mi abuelo, por qué no tengo abuelo; yo le contesto: ya no tenés abuelo porque los soldados lo mataron», lamentó Aguilar, quien viajó a la capital desde el municipio de Totonicapán para asistir a la audiencia.
«No se borra de mi corazón todo lo que ha pasado, estamos sufriendo y lo que queremos es justicia y los queremos condenados porque ellos llegaron a masacrar a mi esposo, derramaron mucha sangre», indicó María Yax, de 45 años, vestida con su colorido traje regional.
El esposo de Yax, José Puac, era un zapatero de 33 años que junto a miles de lugareños protestaba por el incremento a la tarifa de la luz, la amenaza de una reforma constitucional para desconocer la organizaciones de los pueblos originarios y la posible eliminación de la formación de maestros.
Los otros cuatro fallecidos son Félix Sapón, Santos Hernández, Rafael Batz y Jesús Caxaj.
En el juicio declararon más de 90 testigos, la mayoría lugareños, se presentaron unos 300 documentos y realizaron casi 30 peritajes forenses.
«Creemos que hay prueba suficiente» para una sentencia condenatoria, dijo la abogada Jovita Tzul, que representa a las familias de las víctimas.
Tzul señaló que estaba previsto que testificaran más de 180 personas, pero muchas fallecieron, algunas emigraron a Estados Unidos por la pobreza y otras ya no colaboraron «por miedo e intimidaciones».
«Tienen que pagar»
El equipo de la defensa busca que el tribunal ordene medidas de reparación como apoyo para que las víctimas retomen sus medios de trabajo y que prohíba que los militares repriman manifestaciones.
«Cambió mi vida, ya no pude seguir mis negocios, mi trabajo [de confección de textiles]. Nos tienen que reparar este daño que hicieron con nosotros», indicó Enrique García, de 52 años, quien ahora debe usar una silla de ruedas tras perder la pierna derecha por una herida de bala.
«Si no se hace justicia hay una justicia divina y ellos tienen que pagar», agregó García ante la posibilidad de que los militares sean absueltos. «Delante de Dios ellos tienen manchadas sus manos de sangre porque mataron a nuestros compañeros», fustigó.
