El nuevo gobierno de Guatemala lanzó el martes una comisión para combatir la corrupción, una promesa del presidente Alejandro Giammattei que se espera llene en parte el vacío que dejó la salida el año pasado de una misión de Naciones Unidas, que reveló estructuras criminales en la nación centroamericana.
La comisión, cuya creación fue formalizada a través de un acuerdo de gobierno publicado el martes, fiscalizará la acciones de la presidencia y del gobierno en su conjunto y estará integrada por varias secretarías de Estado para evitar actos de colusión.
Giammattei, quien consiguió la presidencia en su tercer intento, asumió el 14 de enero con el reto de combatir la pobreza e inseguridad y con la promesa de atajar la rampante corrupción, además de lidiar con el polémico acuerdo migratorio que el gobierno anterior firmó con Estados Unidos, el que buscará modificar porque, asegura, no le conviene al país.
Lo que el nuevo mandatario no piensa cambiar es la decisión de su predecesor, Jimmy Morales, de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión anticorrupción de la ONU que abandonó el país en septiembre del 2019 tras 12 años.
La CICIG trazó una radiografía de la corrupción en el país, ayudó a fortalecer tribunales y profesionalizó el Ministerio Público. Pero los guatemaltecos la evocan por enviar a prisión a poderosos políticos y empresarios.
El caso más emblemático que develó fue el conocido como “La línea”, una red de defraudación aduanera comandada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti. La investigación, que llevó a prisión a ambos en 2015, sacudió a la clase política del país.
La nueva comisión anticorrupción pretende apoyar las acciones de las diferentes instituciones del Estado, ministerios y secretarías, para prevenir, evitar y luchar contra actos de corrupción por un plazo de cuatro años, que cubren el periodo de gobierno de Giammattei.
