El principal colectivo de manifestantes en Colombia convocó a nueva huelga el miércoles próximo, tras sostener un fallido encuentro con el presidente Iván Duque para desactivar la crisis desencadenada por la represión de las protestas contra el gobierno.
«Llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional», declaró el lunes Jennifer Pedraza, líder estudiantil del denominado Comité del Paro.
Durante casi cuatro horas la organización que reúne a sindicatos, universitarios y otros movimientos sociales habló con Duque en la sede de gobierno, sin acordar una salida a la crisis que deja 12 días de protestas y bloqueos viales con un reporte oficial de 27 fallecidos y centenares de heridos en pleno pico de la pandemia.
«Pedimos que se respetara el derecho constitucional a la protesta pacífica y que se dieran garantías para la movilización. Una cosa sencilla del Estado social de derecho y, por el contrario, el discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública», agregó Pedraza.
Los voceros del movimiento insistieron en que el gobierno, pese a su oferta de negociación, no atendió el pedido de frenar la violencia policial.
«No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes que lo han hecho pacíficamente. Hemos exigido que se pare la masacre, hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta», dijo el dirigente obrero Francisco Maltés.
De su lado, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró en nombre del ejecutivo que hay «cero tolerancia» frente a los excesos de los uniformados, pero que tampoco pueden permitir «que en este momento se cuestione la legitimidad de nuestra fuerza pública».
«La actitud de algunos miembros de la fuerza pública que hayan afectado la Constitución y la ley será investigada y sancionada», afirmó el funcionario. Al mismo tiempo pidió el fin de los cierres viales que están causando desabastecimiento en algunos puntos del país.
Cali, en el centro de la crisis
Colombia atraviesa por un nuevo periodo de convulsión social tras las protestas de 2019 y 2020.
El 28 de abril decenas de miles de personas se volcaron a las calles contra el alza de impuestos que planeaba el gobierno, vía proyecto legislativo, para paliar el impacto económico que trajo la pandemia.
Presionado por las manifestaciones, Duque retiró la iniciativa, pero la represión policial desató la ira popular contra el gobierno. Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado la actuación de las fuerzas policiales, implicadas en abusos que le costaron la vida a varios manifestantes en las revueltas de años anteriores.
Este lunes la policía anunció sanciones contra cinco uniformados, incluida la captura de dos de ellos por su presunta responsabilidad en la muerte de un manifestante de 19 años en la ciudad de Ibagué (centro) el 1 de mayo.
El inspector general de la institución, el general Jorge Ramírez, también informó que hay 62 investigaciones en curso sobre presuntos abusos policiales, sin precisar el número de efectivos involucrados.
Con varios focos encendidos, el movimiento de protesta reclama a Duque un cambio de rumbo ante el aumento de la pobreza (que castiga al 42,5% de los 50 millones de habitantes del país), el regreso de la violencia a los campos tras los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla FARC y frente a la militarización de las ciudades, entre otros múltiples pedidos.
Cali, la tercera urbe de Colombia con casi 2,5 millones de habitantes, concentra la atención de las autoridades. El domingo 12 indígenas resultaron heridos cuando fueron atacados con armas de fuego por grupos de civiles de blanco que rechazan las movilizaciones y bloqueos en los que participan los pueblos originarios, según un balance actualizado de los líderes nativos.
En la noche el presidente Duque realizó un viaje relámpago a esa ciudad para reforzar las medidas «de orden público», tras pedir a los indígenas que retornen a sus territorios y «eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía», lo que le valió nuevas críticas por su manejo de la coyuntura.
La semana pasada, con las calles incendiadas por las protestas, el mandatario inició una serie de encuentros con partidos y movimientos sociales tendientes a resolver la crisis.
«La voluntad clara, expresa, del presidente, es crear un espacio para llegar a acuerdos», indicó Ceballos, y planteó al Comité del Paro abrir una espacio de negociación a instancias de Naciones Unidas y de la Iglesia católica.
