La declaración de la OEA se produce un día después de que la expresidenta Jeanine Áñez acudiera a su primera audiencia por las acusaciones de que ayudó a fomentar un golpe de Estado contra el Gobierno del entonces presidente Evo Morales en 2019.
La secretaría general de la OEA, encabezada por Luis Almagro, advirtió sobre los abusos cometidos por el sistema de Justicia boliviano los cuales, a su juicio, “se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno”.
«En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS (Movimiento al Socialismo), así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno (…) Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos», se lee en parte del comunicado emitido.
Adicionalmente, el organismo con sede en Washington ha señalado que el sistema de Justicia boliviano no ofrece garantías para llevar adelante un “juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, por problemas de estructura y, en particular, de su integración».
Por ello, la secretaría general de la OEA propone, entre otras cosas, el establecimiento de una comisión internacional encargada de investigar los hechos de corrupción en el país desde el último período de Evo Morales hasta la actualidad, pasando por la administración de Áñez.
Adicionalmente, la organización estableció llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad con la finalidad de que el posible enjuiciamiento sea «imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad». Por otro lado, exigió una reforma al sistema de Justicia boliviano, que se establezca a partir de un ‘gran diálogo’ en el que intervengan actores políticos, académicos y sociedad civil de la mano de la cooperación internacional.
Áñez, en arresto preventivo
El 15 de marzo la expresidenta de Bolivia fue trasladada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ubicado en la ciudad de La Paz, para cumplir su condena de cuatro meses de prisión preventiva.
Áñez, que fue detenida el 13 de marzo en su residencia ubicada en la localidad de Trinidad (al centro del país), recibió un dictamen del tribunal el domingo 14 de marzo por cargos de sedición, terrorismo y conspiración.
Junto a Añez, de 53 años, también fueron aprehendidos los ministros de su gabinete Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía).
La detención de la política, que asumió la Presidencia del país en 2019 cuando era senadora por el partido Frente de Unidad Nacional, ha vuelto a dividir al país. El 15 de marzo, diversas manifestaciones se llevaron a cabo a favor y en contra del proceso.
Adicionalmente, exgobernantes de países iberoamericanos agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hicieron pública una declaración en la que piden a los organismos internacionales “tomar cartas en el asunto”.
En Estados Unidos, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, expresó la inquietud de su país. “Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del Gobierno boliviano (…) instamos a amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre derechos humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”, señaló Porter.
Áñez asumió la Presidencia del país luego de la renuncia de Evo Morales, presionada por los militares, en medio de una serie de manifestaciones en su contra por las elecciones realizadas en octubre de 2019 y que fueron calificadas como fraudulentas por la oposición.
En noviembre de 2020, Áñez entregó el poder al candidato del Movimiento al Socialismo (el mismo de Evo Morales), Luis Arce, ganador del proceso con más del 55 % de los sufragios.
