A pesar de las presiones para que no fuera publicado, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entregó el informe con el visto bueno del Organismo mundial y los Estados miembros que lo componen.
El informe de la discordia con China habla sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad musulmana Uigur, una minoría que habita en la provincia china de Xinjiang, al noroccidente del país. A lo largo de la historia, el Gobierno de ese país ha reprimido esta comunidad por considerar que son extremistas islámicos.
Dentro del informe publicado por el Organismo se lee “en Xinjiang se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo».
Además se recomendó en el informe que el Gobierno chino “adopte rápidamente medidas para liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en Xinjiang, ya sea en los llamados «centros de formación profesional, en las prisiones o en otros centros de detención”.
La ONU considera «creíbles» las denuncias
Al calificar el trato de China a los uigures, el gobierno de Estados Unidos había acusado a Beijing de «genocidio». Francia, Reino Unido, Canadá y los Países Bajos hicieron lo mismo. Pero la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) no utiliza esta palabra, sino que se refiere a posibles «crímenes contra la humanidad».
Su informe de 48 páginas menciona «pruebas creíbles» de torturas a miembros de la comunidad uigur y de violaciones, además de violencia sexual dirigidas principalmente a las mujeres.
«La información de la que dispone actualmente la ACNUDH sobre la aplicación de la campaña declarada por el Gobierno (de China) contra el terrorismo y el «extremismo» durante el período 2017-2019 y potencialmente después, suscita preocupación desde la perspectiva del derecho penal internacional» reseña el informe antes de denunciar que «el alcance de las detenciones arbitrarias y discriminatorias de miembros de los uigures y otros grupos predominantemente musulmanes (…) pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad».
«Las denuncias de prácticas recurrentes de tortura o malos tratos, incluidos tratamientos médicos forzados y malas condiciones de detención, son creíbles, al igual que las denuncias individuales de violencia sexual y de género», escribió la Alta Comisionada en el documento.
La situación en Xinjiang era relativamente conocida por la comunidad internacional gracias al trabajo de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, pero también por los testimonios de miembros de la diáspora uigur.
Las investigaciones basadas en interpretaciones de documentos oficiales o en testimonios de supuestas víctimas, ya habían acusado a Beijing de internar a al menos un millón de personas, en su mayoría uigures, en «campos» y de realizar esterilizaciones y abortos «forzados» o de imponer «trabajos forzados».
El informe de la ACNUDH no contiene revelaciones respecto a lo que ya se sabía de la situación, pero su extrema importancia radica en que pone el sello de la ONU a las acusaciones que se hacen a las autoridades chinas desde hace tiempo. Las organizaciones de derechos humanos esperan que su publicación obligue al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a ocuparse del caso.
Según diplomáticos occidentales y funcionarios de la ONU, el informe estuvo listo durante meses pero se decidió publicar unos minutos antes del fin del mandato de la Alta Comisionada. Previamente, China se había mostrado “firmemente opuesta” frente a la publicación del esperado informe sobre la situación de la comunidad Uigur.
Michelle Bachelet logró cumplir la fecha límite de entrega que se había impuesto previamente, antes de apartarse de su cargo como abanderada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 31 de agosto.
Antes de su publicación, se había endurecido el debate sobre la influencia de China dentro del Organismo mundial y demostró la intermitencia diplomática entre Beijing y Occidente. Se espera que el informe abra nuevos caminos para la protección de los derechos humanos en ese país.
El malestar de China frente al informe
Inmediatamente al conocerse el informe de la Alta Comisionada, el Gobierno chino publicó un comunicado en el cual muestra su oposición frente al concepto del organismo sobre la región de Xinjiang.
“La llamada ”valoración” va en contra del mandato del alto Organismo e ignora los logros de los derechos humanos alcanzados en conjunto por las poblaciones de todos los grupos étnicos en la región autónoma de Xinjiang“, de igual manera aseguran que se están fabricando mentiras por “fuerzas antichinas”.
El embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, había pedido a Bachelet mantenerse independiente, evitar influir en los asuntos internos de su país y advirtió que el informe podría minar las relaciones entre las Naciones Unidas y Beijing.
«Todos sabemos que la llamada cuestión de Xinjiang es una mentira completamente fabricada con motivos políticos y su fin es minar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo», insistió Zhang.
Fuertes críticas para la Alta Comisionada
El Gobierno chino aceptó que Bachelet visitara el país en mayo de este año, sin embargo, la Alta Comisionada reconoció que recibió una carta firmada por unos 40 países para que no publicara el informe.
En la visita, según dijo la chilena, pretendía ver de primera mano lo que ocurría en el país y tener un contacto directo con familiares de uigures que estuvieron o están en los campos de internamiento.
Bachelet ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos por no haber publicado el informe casi tres meses después de su visita, retraso que se le atribuyó a las presiones chinas.
Bachelet termina su mandato en medio de la polémica
En junio de este año, la expresidenta de Chile dijo que no buscaría un nuevo mandato como jefa de derechos humanos ante la ONU, de igual manera, prometió entregar el informe de los uigures antes de apartarse de su cargo.
Luego de 4 años al mando, la política envió un mensaje por medio de un video publicado a través de redes sociales, donde se despidió y agradeció por la labor que cumplió con los derechos humanos.
“Al llegar mi mandato como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a su fin, quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a las personas defensoras de derechos humanos en todos los rincones del mundo”.
De igual manera concluyó cuestionando sobre las deudas de derechos humanos “¿Por qué se ignoran las voces de algunas comunidades? ¿Por qué no mejora la situación de los y las excluidos? ¿Por qué no podemos trabajar juntos para identificar soluciones?”, expresó.
