La crisis en Nicaragua «se ha agudizado de manera alarmante». De esta manera, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de DD. HH. del organismo el deterioro de la situación en Nicaragua contra críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega, justo cuando restan menos de cinco meses para las elecciones presidenciales, en las que el mandatario busca una tercera reelección y su cuarto mandato.
Bachelet informó que su oficina «ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de Derechos Humanos» y advirtió que los hechos recientes «alejan la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre». Ante el pleno del Consejo, la Alta Comisionada exigió a Ortega la liberación de todos los presos políticos, opositores y precandidatos presidenciales –ya son cinco los aspirantes detenidos–.
Bachelet urgió a «cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático».
A la condena internacional se sumaron 59 países miembros de la ONU, que firmaron una declaración conjunta contra las violaciones de Derechos Humanos en el país centroamericano y exigieron igualmente la liberación de los detenidos. México y Argentina, que llamaron a consultas a sus embajadores, no firmaron.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, presente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificó de «difamación» las críticas al Gobierno que representa.
Estados Unidos aumenta la presión
En paralelo al rechazo de los países en Naciones Unidas, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley ‘Renacer’ que busca promover unos comicios «justos y libres» en Nicaragua.
La iniciativa, que pasará a debate al pleno del Senado, propone alinear estrategias diplomáticas, incluso sanciones contra el Gobierno de Ortega, en pro de la democracia. El presidente del Comité de Exteriores del Senado, Bob Menéndez, advirtió que habrá consecuencias si Ortega pretende «atornillarse» en el poder.
Más temprano, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, pidió la liberación de los precandidatos presidenciales arrestados y afirmó que el país «seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar los llamamientos de los nicaragüenses a una mayor libertad o mayor rendición de cuentas, así como a elecciones libres y justas».
El asedio contra los opositores continúa
Ya son 20 los opositores detenidos por el Gobierno del presidente Daniel Ortega en un lapso de más de dos semanas. Los últimos en ser arrestados fueron la ex primera dama y diputada María Fernanda Flores Lanzas –esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002)–, así como el cronista deportivo Miguel Mendoza.
Durante la noche del lunes 21 de junio, la policía nicaragüense allanó la vivienda del también periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio.
Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial, abandonó el país tras denunciar el asedio contra su madre y otros familiares.
Un informe presentado recientemente por Human Rights Watch, revela que, antes de los hechos de las últimas semanas, eran más de cien los presos políticos detenidos. También detalla que al menos 108.000 nicaragüenses huyeron del país después de las manifestaciones y la represión que estalló en abril de 2018.
