La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de tres meses al entonces alcalde de Onzaga, Santander, José del Carmen Hernández Abril (2012-2015), por causar detrimento patrimonial al municipio con la celebración del contrato APG-027 del 27 de marzo de 2015, por $22’500.000.
El ente de control demostró que el negocio jurídico para actualizar la página web de la Secretaría de Planeación y presentar informes ante las entidades estatales fue pactado por una remuneración superior a la del alcalde municipal.
Con esta conducta Hernández Abril incumplió lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2785 de 2011, según el cual “está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad”.
A juicio de la Procuraduría “(…) celebrar un contrato vulnerando una norma de austeridad del gasto público, es un actuar deshonesto, no recto, desleal con la administración que lesiona el principio de responsabilidad del numeral 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y una desprotección de los recursos y derechos del Municipio que lesiona el principio de economía (…)”.
Con este comportamiento el exfuncionario transgredió los principios de moralidad y economía de la función administrativa y la contratación estatal, con lo cual generó detrimento patrimonial a la entidad municipal que representaba.
En el fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de San Gil calificó la falta como grave a título de culpa gravísima.
Contra esta decisión el apoderado de Hernández Abril interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.
