En Ecuador, ir a la cárcel cuesta dinero. Al menos 300 dólares en un país en donde el salario mínimo se sitúa en 460 dólares. Este es el precio que las bandas delincuenciales le pidieron a Andrea Zambrano para asegurar la vida de su hijo dentro del penal del Litoral de Guayaquil, a donde ingresó en enero de 2023.
Estas bandas, ligadas al narcotráfico, controlan el interior de varias prisiones del país, pero también los movimientos en los barrios humildes como el de Andrea, quien desde su casa en el sur de Guayaquil habla con nombre ficticio por temor a represalias.
En la oscuridad de un hogar humilde, que apenas cuenta con una planta gris sin ventanas en la que se acumulan el polvo y los pocos y viejos electrodomésticos de la familia, Andrea cuenta que el encarcelamiento del segundo de sus cuatro hijos se produjo hace poco más de un año luego de ser detenido mientras compraba marihuana. Fue a un conocido lugar de venta en el barrio, cuando la policía entró y se llevó a todos los que se encontraban allí.
“Le dijeron que tenía que echarse la culpa para que ellos le ayuden, pero no pasó. Los vendedores pagaron como 2.000 dólares para librarse”, denuncia. Para el proceso judicial posterior contrató a un abogado que le cobró 1.500 dólares. Fue la primera de varias deudas que contrajo para tratar en vano que su hijo se librara de la cárcel.
“Me contacté con otro amigo que me ayudó a sobornar a un juez y un fiscal para que solo le cayeran un año y ocho meses, porque eso era de 7 años. Para eso nos pidieron 2.000 dólares y ahora estoy endeudada hasta la cabeza, tuve que endeudarme con unas tarjetas que estoy pagando todavía”, asegura.
Una condena más allá de la cárcel
La vida diaria dentro del penal de El Litoral, y otros del país, la controlan grupos como ‘Los Tiguerones’ y ‘Los Lobos’. La extorsión se ha convertido en un negocio muy rentable debido a los precios desorbitados que exigen a las familias para la alimentación o la limpieza en el interior de los pabellones, en donde hace tiempo el Estado dejó de proveer estos servicios.
Según datos de la policía ecuatoriana compartidos al portal ‘InsightCrime’, la extorsión, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios en Ecuador, aumentó más de 65% entre 2022 y noviembre de 2023 y casi 400% desde 2021.
Lo sabe bien Andrea, quien asegura pagar 13 dólares semanales para la cuota de limpieza de su hijo.
Su día a día se ha visto truncado por el poder de estos grupos en Ecuador, que acabaron también con la vida de su hijo mayor hace cinco meses. Madre e hijo salían del penal del Litoral tras una visita a su familiar recluido cuando les sorprendió un ataque de sicariato. Andrea asegura no entender las razones de este ataque que además le dejó incapacitada para trabajar por heridas de bala en un brazo.
Su hijo mayor era un pilar muy importante en la vida de Andrea, que ahora lo extraña a diario. “Trato de no llorarlo, porque no quiero que él allí donde está se sienta triste, trato de pedirle ayuda, que me cuide, que cuide a sus hermanos, que cuide al hermano que está allá”, cuenta entre sollozos. La cárcel, asegura, es un infierno al que solo volverá para aliviar las necesidades de su hijo privado de la libertad.
Un Estado infiltrado por el narcotráfico
Las bandas que controlan el interior de la prisión de El Litoral y que extorsionan a Andrea y otras familias, son las mismas que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró como terroristas en un decreto del pasado 9 de enero. Lo hizo tras la ola de violencia desatada en el país luego de la fuga el 7 de enero del líder del grupo ‘Los Choneros’, Adolfo Macías alias ‘Fito’, de la cárcel regional de Guayaquil.
Son un total de 22 bandas declaradas como terroristas, entre las que destacan los propios ‘Choneros’, ‘Los Lobos’, ‘Los Tiguerones’ y ‘Los Lagartos’, considerados todos ellos como pilares del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador, que ha superado a Colombia y Brasil como mayor exportador de cocaína y otras sustancias hacia Europa y Estados Unidos.
Estas actividades crecen auspiciadas por la corrupción en diversos aparatos del Estado. Es una realidad pública en Ecuador y ha desembocado en actuaciones policiales y judiciales contra diversos funcionarios de alto rango. La última y más sonada de ellas se dio el 14 de diciembre de 2023, en el marco del denominado caso ‘Metástasis’.
En la operación fueron detenidos 29 funcionarios, entre los que se encuentran el presidente del Consejo de la Judicatura, William Beltrán, y el exdirector nacional de prisiones, Pablo Ramírez.
La fiscal general del país, Diana Salazar, que se encuentra amenazada de muerte por sus acciones contra el narcotráfico, aseguró que este caso “evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país” y refleja una “clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado”. “Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado”, sentenció tras las detenciones.
Las luchas de poder desencadenan en masacres carcelarias
La lucha de los grupos delincuenciales por el poder en las prisiones ha dejado más de 400 muertos dentro de las cárceles desde 2021, según cifras oficiales.
Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cifra las muertes en 660, la mayor parte de ellas en Guayaquil.
Para Navarrete, el Estado ha dejado que los privados de libertad se maten entre ellos y ha promocionado un discurso en que “las autoridades han calificado estas masacres como un asunto que no es de los buenos ciudadanos”.
Además, asegura que la brecha entre el Estado y las capas más desfavorecidas de la sociedad se ha abierto hasta un punto de difícil recuperación por la falta de inversión social y las denuncias de abusos por parte de los uniformados.
“Ya no solo hay un conflicto entre bandas, sino que además tienen a otro actor que son los soldados, que vienen, que están maltratando a los chicos más jóvenes, que están sembrando mayor incertidumbre porque las familias no ven a la patrulla militar como un alivio, temen que pasen por su vecindario y entren a sus casas porque la operación es indiscriminada por el color que tienen o la condición de vida que poseen”, denuncia.
En un país en que el 27% de la población vive en condiciones de pobreza, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de junio de 2023, Navarrete asegura que la dejación del Estado ha facilitado la entrada de las bandas delincuenciales y el aumento del «nivel de cooptación del reclutamiento a menores para prácticas de sicariato, para la venta de de droga o para la explotación y la esclavitud sexual”.
El trabajo comunitario, una alternativa
De la necesidad de asociarse en comunidad por la falta de respuestas estatales ante la situación en las cárceles han nacido iniciativas como el Comité de Familiares por la Justicia en las Cárceles. Es una red de apoyo emocional y judicial dirigida por Ana Morales, una mujer que sabe lo que significa perder un hijo en prisión.
Fue el 28 de septiembre de 2021 en la cárcel de El Litoral, durante la mayor masacre carcelaria en el país. En ella murieron al menos 119 reclusos, según cifras oficiales. El hijo de Ana se encontraba allí tras haber robado un celular y recibir 36 meses de condena.
“La situación estaba muy difícil después de la pandemia, no teníamos trabajo, yo estaba endeudada y él hizo algo que no debería de haber hecho. Por ese celular mi hijo perdió la vida adentro”, cuenta visiblemente emocionada frente a la tumba de su hijo en el cementerio del Suburbio en Guayaquil.
En una de las alas de este camposanto descansan muchos de los jóvenes que murieron aquel día, apunta Ana, quien pese a todo se siente afortunada por haber podido enterrar el cuerpo completo de su hijo. Muchas familias tan solo recibieron algunas partes de los cadáveres desmembrados de sus familiares.
Ana tiene claro que en Ecuador existen dos clases de personas privadas de libertad: “Las personas empobrecidas, racializadas, que no tienen dinero, cometen su error y pagan su delito con la ley y con la supervivencia adentro; pero hay otros que tienen privilegios, y al tener privilegios, tienes poder”. Es a estos últimos y a sus luchas de poder a quien culpa de la muerte de su hijo y los demás presos.
En todo este tiempo, Ana ha debido hacer muchas visitas al psicólogo para poder contar su historia y no derrumbarse. Ahora, sin embargo, el dolor le sirve de fuerza para estudiar una diplomatura y buscar salir adelante para apoyar a otras personas con historias similares y para luchar para que en Ecuador no se instaure el olvido sobre lo que sucede dentro de las prisiones.
Para ella, son sus familiares encarcelados y fallecidos en las penitenciarías los que realmente conforman el comité. Es por ellos que lo crearon y por los que seguirán denunciando que la lucha contra la delincuencia, la violencia y las bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico en Ecuador es una pelea que se ceba especialmente con la población más empobrecida.
