Nuevo revés para las libertades en Nicaragua. Este martes, el Parlamento, de mayoría absoluta orteguista bajo las siglas de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó el cierre vía decreto de otras 83 organizaciones culturales y sociales, entre las que se encuentra la casi centenaria Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada en 1928.
En la sesión plenaria, carente de debate, la Asamblea Nacional aprobó la clausura de las organizaciones con 75 síes, 0 noes y 16 abstenciones.
Así las cosas, la cifra ya asciende a 320 entidades sin ánimo de lucro que han tenido que cerrar por orden de la Administración Ortega desde que iniciaran las protestas sociales contra su régimen en abril de 2018. 200 únicamente en lo corrido de 2022.
Sin embargo, según los datos que maneja el «Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+», el número ascendería hasta las 344 entidades disueltas. Este ente opositor se refirió a la decisión del Parlamento este martes a través de un comunicado, en el que denuncian «la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes vulnera su derecho de libertad de asociación, de participación política y participación en el desarrollo de Nicaragua».
Entre los motivos para tomar esta decisión, el congresista del FSLN Filiberto Rodríguez afirmó que las más de 80 organizaciones violaban la ley por no estar inscritas bajo el régimen de «agentes extranjeros», una obligación impuesta por el propio Ortega a finales de 2020 y con la que se controla a las entidades críticas con el Gobierno o afines a la oposición y se tiene conocimiento de las donaciones que reciben.
«Han desarrollado sus actividades al margen de la ley y han actuado contra la ley expresa», además de haber «incumplido sus deberes y obligaciones ante el ente regulador» y «obstaculizado el control y la vigilancia» del Ministerio de Gobernación, argumentó el oficialista.
Entre las organizaciones clausuradas a las que se les elimina la personalidad jurídica están, además de la Academia Nicaragüense de la Lengua; la biblioteca virtual Enrique Bolaños, uno de los repositorios más completos del país; decenas de organizaciones vinculadas con la educación, el deporte y la salud; así como otras destinadas a las mujeres, la infancia o el desarrollo rural.
Clausura de la Academia , un golpe a la historia
Con la orden de disolución de la Academia Nicaragüense de la Lengua, se esfuman 94 años de historia, pues este ente fue fundado en 1928.
A ella pertenecían, entre otros, la poetisa y novelista Gioconda Belli y el escritor y periodista Sergio Ramírez, ambos con lazos en el pasado con el FSLN pero que tuvieron que exiliarse después de mostrarse críticos con el régimen de Ortega.
Ambos residen ahora en España, después de que el año pasado, en el marco del proceso electoral que terminó con su tercera reelección consecutiva, el presidente ordenara la captura de medio centenar de personas entre disidentes, exguerrilleros, periodistas, miembros de organizaciones apolíticas y también los otros siete contendientes a la Presidencia.
“¡La Academia Nicaragüense de la Lengua tiene personería jurídica desde 1928! Y ahora salen con que no ha llenado requisitos y que le suspenderán personería a una academia que es apolítica por naturaleza. Ni (el dictador Anastasio) Somoza lo hizo”, escribió en Twitter Gioconda Belli, quien también redactó otros trinos condenando la medida de la Asamblea Nacional.
Pedro Xavier Solís, presidente de la institución, dijo que emitiría un comunicado en las próximas horas en repulsa del fallo del Parlamento nicaragüense para con la institución.
Justamente la semana pasada la Academia informaba que estaba «trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española».
Solís también destacó que en las más de nueve décadas de funcionamiento, la Academia «ha velado por la cultura, educación y desarrollo de la lengua común de los pueblos hispanos».
Otras Academias condenaron la decisión
La clausura de la institución de las letras también recibió la enérgica condena de sus homólogas, la Real Academia de la Lengua Española (RAE), así como las Academias de la Lengua de Chile, Ecuador y México.
Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, ya dijo antes de que se supiera la decisión que la posible clausura de la Academia Nicaragüense de la Lengua era «un paso más allá de la opresión» y supondría «cortarle la lengua a la gente».
Tras conocerse la votación en la Asamblea Nacional, el titular de la RAE afirmó sentirse «desolado». «Lucharemos por ella», garantizó Muñoz Machado. «No es ya una agresión a una libertad, la de asociarse o de opinar. Es cortarle la lengua a la gente e ir un paso más allá en la opresión. Es intolerable desde cualquier punto de vista», argumentó.
Por su parte, su homólogo mexicano, Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana, no se mostró esperanzado en que el Ejecutivo nicaragüense pueda revalorar la decisión de este martes. Calificó lo sucedido de «agresión terrible» y «terriblemente lesiva para una institución que se dedica al mayor patrimonio intangible de la humanidad, que es la lengua».
«Durante más de 93 años la Academia ha velado en esa nación por la cultura, la educación y el desarrollo de la lengua que nos une: el español», expuso el pleno académico mexicano.
Según Celorio, la Academia de la Lengua en Nicaragua ha sobrevivido «con gran prestigio» en la pequeña nación centroamericana, albergando entre sus miembros a escritores de renombre como Rubén Darío, Sergio Ramírez o Ernesto Cardenal.
Una tónica habitual en los últimos cuatro años
Desde que en abril de 2018 comenzaran las protestas contra el régimen orteguista, la represión y la degradación del escenario político y socioeconómico en el país es patente a todas las escalas.
Entonces, decenas de miles de nicaragüenses salieron a las calles en unas manifestación que Daniel Ortega calificó de intento de golpe de Estado y las cuales reprimió con violencia desde la Fuerza Pública y los grupos paramilitares.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las protestas dejaron al menos 355 muertos, dos millares de heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 exiliados, entre ellos, muchos exaliados de Ortega que tuvieron que salir del país por oponerse a su autoritarismo.
Desde entonces, Ortega se ha encargado no sólo de reprimir a la población y a la oposición, sino también a los organismos internacionales que cuestionan su gestión. Es así como en los últimos cuatro años más de 300 organizaciones sin fines de lucro han sido disueltas por orden y deseo del presidente, que ahora controla exhaustivamente quién y de dónde procede la financiación de las organizaciones que actúan en su país.
