- “Nos declaramos en desobediencia civil, contra un decreto que no ha sido concertado con las comunidades, que le hace conejo a la delimitación del Páramo que hemos trabajado por 12 años, y que nos condena a la ilegalidad a los mineros tradicionales y ancestrales», indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros.
Más de 300 habitantes de California, Vetas, Suratá y Matanza protestan pacíficamente frente a la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), para exigir que no se permita la declaración arbitraria y sin concertación de una zona de reserva que impediría sus actividades mineras, afectando su derecho al trabajo y la autonomía territorial.
Con pancartas, megáfonos y arengas, las comunidades paramunas expresaron un contundente rechazo a la reciente intención del Ministerio de Ambiente de declarar una de zonas de reserva, la cual amenaza no solo su forma de vida, sino también el sustento de aproximadamente 35.000 habitantes.
“Nos declaramos en desobediencia civil, contra un decreto que no ha sido concertado con las comunidades, que le hace conejo a la delimitación del Páramo que hemos trabajado por 12 años, y que nos condena a la ilegalidad a los mineros tradicionales y ancestrales», indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros.
Según explicaron los manifestantes, las comunidades no están en contra de la protección ambiental, pues son ellos los primeros en proteger el Páramo, pero exigen que se escuchen sus necesidades y que no se prohíba sin concertación y sin argumentos técnicos la minería legal y sostenible por fuera de los límites del Páramo de Santurbán.
La minería responsable es esencial para el desarrollo de Santander y debe ser valorada como parte integral de su herencia cultural.
Según explicó Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), esta declaratoria condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que por años han intentado formalizarse para ejercer su actividad legal y responsablemente.
“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la ministra cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga que no nos representan. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, y por eso le pedimos a la CDMB, la Gobernación y la Procuraduría que se unan a nuestra lucha condenando un decreto que incluso está demandado ante el Consejo de Estado por su ilegalidad”, indicó Maldonado.
A la protesta se unieron las 160 familias de Calimineros, la primera empresa de mineros ilegales que pasaron a la formalidad, que han sido exaltado por ser el mejor modelo de formalización de Colombia por organismos internacionales como la OCDE, y que hoy intenta desarrollar su proyecto de pequeña minería sostenible con el medio ambiente y sin uso de mercurio o cianuro.
«Nosotros somos la comunidad minera de Santander y defenderemos con nuestra vida nuestro derecho a trabajar y a ejercer una actividad económica legítima, que ha sido parte de nuestra identidad cultural», indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros
Así mismo, indicaron que “la persecución a la minería ancestral ha alcanzado niveles alarmantes, con medidas que no solo amenazan nuestra forma de vida, sino que también ignoran la realidad de nuestras prácticas responsables”.
