La decisión fue tomada en señal de protesta frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que califica de “injusta” la detención del derrocado mandatario y que extiende su solidaridad a la familia del exgobernante de izquierda. Lima acusa al mandatario mexicano de “injerencia”.
Desde ahora las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan reducidas “a nivel de encargados de negocios”. Así lo anunció la presidenta Dina Boluarte.
Las declaraciones de la mandataria peruana se produjeron luego de que retirara de la capital mexicana a su embajador Manuel Gerardo Talavera Espinar, como respuesta a los comentarios de su contraparte mexicana que tilda a su Gobierno de “inconstitucional”.
«He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos”, remarcó el viernes 24 de febrero la jefa de Estado, que hasta el pasado diciembre se desempeñaba como vicepresidenta de Pedro Castillo. Boluarte asumió el liderazgo del Ejecutivo luego de que el Congreso destituyera al exmandatario de izquierda, que desde entonces permanece detenido.
Para Boluarte, es inadmisible la posición crítica que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frente a la crisis política en Perú.
Su más reciente defensa a Castillo se produjo el viernes 24 de febrero, cuando en una rueda de prensa AMLO afirmó que seguirá apoyando al exmaestro rural, ya que fue expulsado de la Presidencia “ilegalmente” e «injustamente», tras ser elegido democráticamente.
Boluarte acusa a AMLO de “injerencia”
Si bien el mandatario mexicano ha mostrado su continuo respaldo al expresidente y concedió asilo a la familia del líder derrocado, sus últimas afirmaciones elevaron la furia en Lima.
«Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no interferencia en los asuntos internos, así como aquellos que se refieren a la defensa y la promoción de la democracia», aseguró Boluarte en un discurso.
La mandataria fue más allá y acusó a López Obrador de respaldar el intento de de «golpe de Estado», por parte de Castillo.
En medio de un constante enfrentamiento con el Legislativo de su país, de mayoría opositora de derecha, que adelantaba la tercera moción de censura en su contra por presunta corrupción e “incapacidad moral” para ejercer el cargo-acusaciones que él niega- el pasado 7 de diciembre Castillo anunció que disolvía el Congreso e instalaba una Administración de emergencia.
Pero las medidas jugaron en su contra y lejos de seguir sus lineamientos, los legisladores rápidamente votaron y aprobaron su destitución.
El llamado de Castillo fue calificado como un “auto golpe”, agravó la crisis, generó la renuncia de varios miembros de su gabinete y el rechazo por parte de las Fuerzas Armadas del país.
Castillo permanece en prisión provisional en una cárcel de Lima y se enfrenta a penas no menores a diez años, bajo los delitos de rebelión y conspiración.
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