Tras la tensionante relación entre Colombia y Estados Unidos, con los llamados de atención de Donald Trump que cuestionaban el esfuerzo del Gobierno para reducir los cultivos ilícitos y las amenazas de perder la certificación –y con esto, la financiación que los norteamericanos aportan al país– llegó, por ahora, un momento de calma.
Mediante un memorando al secretario de Estado, Mike Pompeo, Trump reseñó que Duque “ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor (Juan Manuel Santos)”.
Esto significa que Colombia conserva su certificación como país cooperante en la reducción de los cultivos ilícitos que derivan en el narcotráfico, que tanto preocupa a Estados Unidos, el mayor consumidor de sustancias ilegales del mundo.
La certificación es un instrumento que utiliza Washington para calificar a los países con los que mantiene relación y que son productores de drogas. Como lo explica el analista político, Diego Cediel, “es un mecanismo de política de presión. Si el país se ‘certifica’, da cuenta de cierta cercanía entre los gobiernos”.
Este espaldarazo termina afianzando la relación y asegurando que el país pueda seguir recibiendo cooperación internacional en presupuesto y asistencia técnica por parte de Estados Unidos, que para 2019 aprobó un presupuesto de 418 millones de dólares en recursos destinados a proyectos en Colombia.
Para dimensionar el impacto de esa financiación, se compara con el monto de 2017 que se cifró en 663,9 millones de dólares, según datos de la a Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Es decir, lo que este año aporta Washington equivale al 63 % del apoyo que recibió el país en ese 2017.
Colombia está certificada
El país tiene un lugar en la lista de territorios de tránsito o de producción de sustancias ilícitas (ver recuadro), junto a otros 21, entre los que están Ecuador, Panamá y Perú.
Entre los listados, hay unas naciones que no pasaron el examen de la Casa Blanca. Bolivia y Venezuela –“el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, como dice el informe”– están descertificados, y México, quedó con la amenaza de perder ese título para el próximo año.
El viacrusis de Colombia en este ámbito se remonta a septiembre de 2018, cuando Trump alertó sobre el aumento en los cultivos de uso ilícito, que para el corte de 2017 estaba en 171.000 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.
Para 2018 ese número cerró en 169.000 hectáreas, de acuerdo con el informe que presentó esta oficina de monitoreo la semana pasada. Pareciera que esa reducción de 2.000 hectáreas, el 1,2 %, convenció a Trump.
Detrás hay un meta mayor: la promesa de que para 2023 esa cifra se reduzca a la mitad, una ambición que Washington reseñó en su memorando, junto a un guiño de continuar en la lucha por la democracia de Venezuela y su exaltación a los “esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea” con glifosato.
Trump pide la fumigación
Colombia está erradicando los cultivos prohibidos con el trabajo de uniformados de la Policía y del Ejército de forma manual, arrancando la mata, con aspersión terrestre, y de manera voluntaria, cuando los cultivadores ingresan a programas de sustitución. mediante este proceso se han logrado erradicar entre enero y mayo de 2019, 38.395 hectáreas como lo informa los ministerios de Defensa y Justicia.
Pero Trump persigue la fumigación aérea, como lo dejó ver en el documento al resaltar el esfuerzo de la administración Duque para el regreso de este mecanismo. El mismo llamado lo hizo el embajador nortemericano saliente en Bogotá, Kevin Whitaker, en abril de 2019: “Hay que responder con fumigación, interdicción y acabando con los grupos criminales”.
No obstante, para la politóloga de la Universidad del Rosario y experta en el tema de las drogas, María Isabel Loaiza, “lo que se espera es que no sea una certificación condicionada. El avance actual se dio sin emplear el glifosato”.
Por este motivo, Loaiza considera que “se pueden tener resultados valiosos con un esfuerzo mancomunado desde los que cultivan hasta los que consumen”, lo que, a su juicio, sería el siguiente paso en el manejo de la problemática de los cultivos de uso ilícito en el territorio nacional.
El Gobierno ya aprovechó ese guiño de Trump para reiterar su solicitud de que se permita la aspersión aérea.
En palabras del canciller, Carlos Holmes Trujillo, “es significativo que la Corte Constitucional haya abierto la puerta para el uso de esta herramienta, cumpliendo los protocolos que garanticen el cuidado del ambiente y la salud humana, tema en el que ya se está trabajando”.
Después de la certificación
Para el profesor de Política y Gobierno de la Universidad Externado, Jaime Duarte, el siguiente paso es seguir implementando los compromisos del Gobierno en el tema, pero también “necesitamos que los empresarios se comprometan a usar los productos que salen de la sustitución”.
La certificación da el paso que el Gobierno necesitaba para aplacar la relación con la administración, que desde ya promete seguir con su premisa: la lucha contra las plantaciones de coca, a toda costa
