La Sala Especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó la petición de nulidad del proceso que se sigue contra el exsenador Richard Aguilar, solicitada por su abogado, Iván Cancino, asegurando que la investigación habría incumplido con el derecho al debido proceso y con el principio de legalidad.
La defensa del exsenador también señaló que al acusado no se la había comunicado los hechos jurídicamente relevantes por los que se encuentra privado de la libertad y, además, tras la renuncia a su fuero como congresista, pasó de la Ley 600 a la Ley 906 por lo que “no se puede considerar ni siquiera imputado”.
No obstante, la CSJ afirmó que al exsenador sí se le informaron los hechos y la imputación jurídica provisional, por lo que se cumplió con las exigencias de la formulación de imputación. Además, aseguró que su renuncia al fuero genera el cambio de sistema procesal, “pero esto no puede constituirse en argumento jurídico para anular lo actuado previamente, porque lo tramitado al amparo de la Ley 600 siguió los parámetros constitucionales y legales”.
Cabe recordar que Aguilar es investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, coautor de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor propio y de terceros, y por ser el presunto determinador de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.
Aguilar fue capturado tras orden de la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando Aguilar Villa se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander. Hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos.
Según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional habría ordenado, a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento, favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.
Las presuntas irregularidades, informó la Corte Suprema de Justicia, tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).
