Por: Jhon Freddy Mieles Rueda/ En su afán de que la Corte Suprema de Justicia elija una de las tres mujeres de la terna que presentó para Fiscal General de la Nación, el Presidente Petro hizo un llamado a las ‘Fuerzas Populares’ a salir a la Plaza de Bolívar buscando presionar a los magistrados para que de una vez por todas, eligieran el reemplazo de Francisco Barbosa que tantos dolores de cabeza le causó al autodenominado Gobierno del Cambio.
Por ello, el pasado 8 de febrero se llevaron a cabo unas marchas que algunos analistas calificaron como una arremetida o un ‘secuestro colectivo’ contra la rama judicial en el que el Presidente claramente irrespetó la separación de poderes al no medir las consecuencias ni el alcance de sus mensajes a través de su cuenta de X.
Y es que ver sitiado el palacio por los manifestantes que intentaron ingresar por la fuerza, algunos con banderas del M-19, hizo que algunos colombianos recordaran la triste escena de noviembre de 1985. Claro está que ambos casos no son comparables ni de lejos, pero este tipo de hechos ponen en riesgo la democracia y la institucionalidad de la nación.
Finalmente, la Policía pudo intervenir y tomar el control evacuando a los magistrados y demás funcionarios, que permanecieron asediados durante cinco horas, todo por el capricho de un mandatario que necesita con urgencia un nuevo fiscal de su línea para que le ayude a cubrir y sacar en limpio las investigaciones contra su hijo Nicolas Petro y otros funcionarios de su círculo cercano, la investigación por los casos de financiación ilegal en campaña y otros escándalos que están poniendo en entredicho su mandato.
En las últimas semanas Petro se ha victimizado, hablando de un golpe de Estado en curso y de una ruptura institucional a causa de lo él que considera como una persecución mediática en contra de su gobierno y a su vez se justifica por las acciones que ha tomado manifestando que el presidente debe tener todas las garantías para poder defenderse.
Sin embargo, esto no es más que una cortina de humo para tratar de justificar lo sucedido, pues Colombia a pesar de las múltiples problemáticas con las que tiene que lidiar, es un país con una democracia fuerte que si bien está esperando con ansias que llegue el 2026 para que termine su mandato, jamás alguien intentará hacerle un golpe de estado para sacarlo del poder.
Otra cosa muy diferente son las investigaciones judiciales que se adelantan en su contra y contra algunos miembros de su círculo cercano, otra cosa es el derroche y la corrupción que también están presentes en este gobierno y que desde luego los medios de comunicación y la justicia deben visibilizar.
El presidente se queja de que no lo quieren dejar gobernar, pero se le olvida que antes no hacía más que colocarle talanqueras a la rueda del anterior gobierno, además de paralizar al país con marchas violentas por cualquier motivo por pequeño que fuese como un alza de 100 pesos en el galón de la gasolina.
Ahora quiere seguir implementando esta misma estrategia incendiaria que en el pasado le resultó efectiva y que lo llevó al poder ahora para presionar a la corte de manera que le elija una fiscal al parecer de bolsillo y así salir indemne de las investigaciones que se adelantan en su contra, pero se le olvida que ahora es el Presidente de la República y que debe velar por la democracia e integridad de las instituciones así vayan en contravía de sus intereses.
Lo cierto es que estas arremetidas contra la corte no hicieron más que dejar mal parado al Presidente que no hizo más que dar una mala imagen ante la opinión pública y a su vez, echarse de enemiga la Corte Suprema de Justicia que ha rechazado enfáticamente el asedio al Palacio de Justicia.
“Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, dijo el presidente Gerson Chaverra hace algunos días en un vídeo dirigido a la opinión pública.
Y es que como dijo Jaime Arrubla Expresidente de la corte suprema “los magistrados deben cumplir con sus obligaciones constitucionales y eso no está en discusión. Como tampoco lo están su independencia y la separación de poderes. La Corte se respeta. Nadie la puede arrinconar, tampoco se debe rendir”.
El pasado 22 de febrero ante una nueva ola de manifestaciones, 1800 policías tuvieron que encargarse de custodiar el Palacio de Justicia, para evitar intromisiones o presiones a los magistrados en vista de que no se llegó a un consenso para elegir Fiscal. Pues los 23 hombres de toga no han logrado ponerse de acuerdo y la votación para elegir a la nueva fiscal requiere de 16 votos, que hasta ahora ninguna de las tres aspirantes han obtenido.
Si bien es cierto que Amelia Pérez es la ternada más opcionada a ganar el Cargo de fiscal, a Petro, como presidente, le hace mucho daño este tipo de acciones contra el Palacio de Justicia y la rama judicial del país, además de dar una mala imagen a nivel internacional.
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*Profesional Agroforestal, escritor y político local.
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