El presidente Gustavo Petro exigió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que explique “al detalle” el aumento del 10,94 % en la tarifa de TransMilenio, que eleva el pasaje a 3.550 pesos, y pidió justificaciones técnicas más allá del incremento del salario mínimo.
Bogotá enfrenta un nuevo episodio de tensión política entre el Gobierno nacional y la administración distrital por la reciente decisión de aumentar la tarifa de TransMilenio, el sistema masivo de transporte público. El alza del 10,94 %, que lleva el pasaje de 3.200 pesos a 3.550 pesos a partir del 14 de enero de 2026, ha generado cuestionamientos desde distintos sectores del Ejecutivo.
El Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, ha sido uno de los más críticos. En comunicado conjunto con la Superintendencia de Transporte, la cartera solicitó a la Alcaldía de Bogotá el desglose técnico que respalde el incremento, advirtiendo que la justificación basada únicamente en el incremento del salario mínimo vital —que subió un 23% para este año— no puede ser la única causa para trasladar costos a los usuarios.
Rojas puntualizó que factores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la eficiencia operativa del sistema, la gestión contractual y los subsidios también deben ser considerados en cualquier análisis tarifario serio. Según las autoridades, trasladar el impacto del salario mínimo a la tarifa sin un análisis más integral carece de sustento técnico suficiente.
El presidente Petro intensificó la presión política al exigir explicaciones “al detalle” al alcalde Galán sobre cómo se llegó al nuevo costo del pasaje. Su intervención subraya la preocupación del Gobierno por las implicaciones sociales y económicas del aumento, en un momento en que los ciudadanos ya sienten la presión de una inflación creciente y de otros ajustes en el costo de vida.
Petro también alertó que elevar la tarifa podría reducir la demanda del sistema, condicionado además por su déficit estructural, aspecto que preocupa tanto a autoridades nacionales como locales. Desde el Palacio de Nariño se ha señalado que el aumento de pasajes podría incluso poner en riesgo la efectividad de inversiones significativas en la renovación de la flota con buses eléctricos, una apuesta que busca reducir costos operativos a largo plazo.
La solicitud de Petro no es una demanda aislada: el Gobierno nacional también aportó recursos importantes para la cofinanciación de flota eléctrica para Bogotá y Soacha, lo que para algunos analistas añade una dimensión política a la controversia existente entre las administraciones distrital y nacional.
Respuesta de la Alcaldía
La alcaldía capitalina, por su parte, ha defendido el ajuste tarifario y cuestionado la intervención nacional. El secretario general del Distrito, Miguel Silva Moyano, acusó al Gobierno de politizar la discusión en lugar de buscar soluciones conjuntas para la sostenibilidad del sistema. Silva defendió que aumentos similares se han visto en otras ciudades del país, argumentando además que la decisión está fundamentada en criterios técnicos aprobados por el Concejo de Bogotá.
La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, adoptó un tono más conciliador, expresando que la empresa está lista para presentar la documentación técnica requerida y entrar en diálogo con las autoridades competentes. Ortiz explicó que el cálculo original del incremento —basado en variables como inflación, precios del diésel y otros insumos— se ajustó tras el impacto del alza salarial.
La Alcaldía ha propuesto instalar una mesa de trabajo con el Gobierno nacional para explorar soluciones conjuntas, una iniciativa que busca apuntalar acuerdos técnicos más allá del debate político. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado una fecha para este diálogo ampliado.
El aumento de la tarifa no solo ha provocado fricciones institucionales sino también malestar entre los usuarios, que enfrentan un transporte público vital para su movilidad diaria en una ciudad con más de cuatro millones de usuarios habituales de TransMilenio. Grupos sociales y ciudadanos han expresado su descontento, apuntando a que cualquier alza en el pasaje golpea especialmente a hogares de bajos ingresos.
En el escenario político, este conflicto se enmarca en una relación históricamente tensa entre el presidente Petro y los líderes distritales. Aunque ambos han coincidido en algunos proyectos de infraestructura y movilidad en el pasado, este episodio refleja las complejidades de coordinar políticas públicas entre diferentes niveles de gobierno en un contexto de fuertes expectativas sociales.
