El presidente Gustavo Petro Urrego le pidió al nuevo Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, durante su posesión el martes 18 de junio en la Casa de Nariño, velar por el buen uso de los recursos públicos, tanto para evitar la corrupción como para garantizar que se les dé un uso eficiente.
Aclaró que, en este contexto, la eficiencia “está relacionada con la democracia, porque construir indicadores de eficiencia depende del proyecto democrático” y agregó que “eficiencia es construir un Estado Social de Derecho”. También dijo que “construir un Estado Social de derecho es justicia social”.
El jefe del Estado advirtió que el recorte del presupuesto no puede afectar la justicia social, porque ello sería contrario a ese principio de eficiencia.
El dinero de la salud
El mandatario hizo una primera reflexión sobre lo que significa la eficiencia en la salud y sentenció que no cree que los derechos se puedan garantizar únicamente con el mercado.
“La eficiencia es la construcción del Estado Social de Derecho y por tanto la justicia social. En la garantía de los derechos, la universalidad del derecho debe ser garantizada. Y en esto la Contraloría obviamente tiene un papel que cumplir frente a su misión específica que es cuidar el dinero”, aseguró.
En sentido contrario, aseguró, “no se cuida si se lo roban, pues es un delito; si queda guardado, que es una ineficiencia que beneficia a los banqueros, o si termina ayudando a grupos de interés particular, poderosos y permanentes en la dirección del Estado, y eso también es corrupción”, dijo.
El jefe del Estado llamó la atención sobre la investigación que inició la Contraloría en relación con los dineros de la salud, los cuales, explicó, “son dineros públicos que se están fugando por las alcantarillas”.
Acto seguido, sostuvo que esto se ha traducido en “compra de medicamentos donde hay dos precios: el que compra la EPS de la empresa que vende los medicamentos y el que le entrega al gobierno para pagarles a través de la unidad de capitación. Un robo, una fuga billonaria”.
Dijo que se ha podido detectar, sobre todo en el año del encierro masivo, fuga de dineros, “que ya la Contraloría nos dirá de qué magnitud y quiénes fueron los responsables”.
Educación
Petro también pidió que se cuiden los dineros de la educación, que este Gobierno ha buscado reconocer como derecho, mediante la Ley Estatutaria, que pretende encontrar aún consenso en la plenaria del Senado.
“¿Por qué quieren algunos que la educación no sea un derecho universal de todo ser humano?, se preguntó el mandatario.
También se interrogó: “¿Por qué los dineros durante todos estos años de la educación pública superior se han utilizado para subsidiar la educación privada?”.
El presidente hizo un recuento de la reforma constitucional del gobierno de Andrés Pastrana, que le quitó recursos a la educación por cerca de 300 billones de pesos. Era algo transitorio, advirtió, pero que la administración de Álvaro Uribe Vélez volvió permanente “para sostener la guerra”.
“Cambiamos los libros por la guerra”, dijo.
Acuerdo de Paz
Llamó de nuevo la atención, durante la posesión del Contralor, sobre el respeto del derecho internacional y planteó plantear una discusión: “¿Vamos a cumplir el Acuerdo de Paz o vamos a violar el compromiso ante la humanidad, que significa una Declaración Unilateral de Estado?”.
También aseguró que tiene, como presidente, la misión de hablar con el Consejo de Seguridad de la ONU sobre su cumplimiento o incumplimiento, de cara a los compromisos adquiridos por Colombia ante el resto del mundo.
“Yo creo que si somos demócratas, nosotros somos parte de la humanidad. Hoy yo puedo ver en el mundo qué significa no reconocer el derecho internacional: es el genocidio en Gaza y es el mantenimiento de una guerra permanente, matando juventud. Eso en nuestro país equivale a lo mismo”, dijo.
Agregó que “con el Estado en general y con la sociedad colombiana, hay que definir si Colombia decide salirse del derecho internacional o lo cumplimos”.
Acatar la normatividad internacional
También recordó Petro que la Contraloría y la Procuraduría deben cumplir la normatividad internacional que cobija al país.
“Han pasado dos años. No se ha hecho el cambio de normas. La Contraloría y la Procuraduría están, como instituciones, referidas por la sentencia, porque son órganos administrativos que quitan derechos políticos, y está prohibido por el artículo 23 de la Convención Americana”, dijo.
“¿Nos la pasamos por la faja? ¿Pretendemos con una soberbia, ahí sí nacionalista, evitarla? ¿Pasárnosla por la faja? ¿Qué significa no reconocer un derecho internacional?”, cuestionó el presidente Petro.
