Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación pidió emitir una condena contra Iván Guerrero, gobernador del departamento del Putumayo (2001-2003), por presuntas irregularidades en la suscrición de cuatro contratos para el suministro de cemento en el 2003.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan a Guerrero de supuestamente permitir al contratista apropiarse de cerca 251 millones de pesos, que fue lo que costó la suscripción de los cuatro contratos que tenían el mismo objetivo de pavimentar las vías de la región.
Para la Fiscalía, el gobernador, junto con el contratista, fraccionaron los contratos para saltarse la ley de licitación pública. La Gobernación, en cabeza de Guerrero, debió suscribir un solo contrato, pues el cemento iba a ser destinado a un mismo proyecto denominado ‘Apoyo a la red vial y urbana de los municipios’.
“Lo que se hizo fue el fraccionamiento que se configura “técnicamente cuando la administración destruye la unidad natural del objeto contractual”, dijo la fiscal delegada ante la Corte, Floralba Torres.
También se le critica haber suscrito los cuatro contratos de forma directa, sin adelantar una licitación pública.
“Permitió la apropiación de recursos públicos. el doctor Iván Guerrero ‘dio la pata’ y el contratista Jaime Andrés Valera ‘metió la mano’”, dijo el procurador delegado ante la Corte, José Fernando Ortega.
El procurador dijo que Guerrero no protegió los dineros de la Nación, sino que por el contrario, permitió que «bienes estatales fueran apropiadas por terceros”.
El exgobernador del Putumayo responde ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos de ley y peculado por apropiación a favor de terceros.
La Corte Suprema de Justicia, en su sala de primera instancia, decidirá si condena o no al exgobernador del Putumayo.
