Por la posible vulneración de derechos fundamentales, la falta de concertación y las inconsistencias en el proceso, en un extenso y detallado informe de análisis, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo solicitaron al Tribunal Administrativo de Santander adoptar una medida cautelar para suspender los efectos de la Resolución 0221 de 2025 del Ministerio de Ambiente, la cual declaró una zona de reserva en 75 mil hectáreas en el macizo de Santurbán afectando más de 35 mil habitantes de 7 municipios de Santander.
El documento, que relata detalladamente los incumplimientos del Gobierno Nacional en el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, concluye que “en virtud de los hallazgos expuestos, el Ministerio Público considera necesario reiterar al Honorable Tribunal Administrativo de Santander la conveniencia de evaluar la adopción de una medida cautelar provisional de la Resolución 221 de 2025 por la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables – RNR de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán”.
Además, le sugiere al Tribunal, ordenarle al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, una vez suspendida la resolución, reinicie todo el procedimiento administrativo, “garantizando el cumplimiento de todas las etapas requeridas para una participación ciudadana efectiva, previa, incidente e informada”.
Según indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y líder social y ambiental de Soto Norte, «las comunidades de nuestros municipios vemos con esperanza y apoyamos firmemente la solicitud que han hecho la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo al Tribunal Administrativo de Santander para suspender la Resolución que declaró, ilegalmente esta zona de reserva. Hemos denunciado, con pruebas y ante todas las instancias posibles, que la imposición de esta zona de reserva por fuera de Santurbán ha sido un atropello legal, ilegítimo y antitécnico. No solo vulnera nuestros derechos fundamentales, sino que condena a miles de familias a la pobreza, la ilegalidad y al desplazamiento forzado».
El minucioso análisis, revela que le Ministerio de Ambiente, sin mayor justificación y comprometiendo la validez del proceso, excluyó más de 1.000 observaciones y solicitudes de las comunidades afectadas, “lo cual representa una posible vulneración al derecho de participación y acceso a la información ambiental, principios fundamentales consagrados en el Acuerdo de Escazú y en la Sentencia T-361 de 2017”.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría advirtieron al Tribunal Administrativo de Santander “con suma preocupación” que, en el trámite de la Resolución, el Ministerio de Ambiente “presuntamente vulneró gravemente el derecho fundamental a la participación ambiental. A pesar de haberse recibido múltiples comunicaciones, observaciones y solicitudes de información por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, incluyendo comunidades rurales, mineras ancestrales y entes de control, no se garantizó su inclusión, análisis ni respuesta oportuna dentro del proceso decisorio”.
Vale recordar que en tres ocasiones las comunidades de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga marcharon contra la polémica resolución hoy la Procuraduría y la Defensoría piden suspender, denunciando que el trámite de esta resolución desconoció lo ordenado en el Acuerdo de Escazú, y condenaba a la ilegalidad y a la pobreza a miles de familias que por 400 años han ejercido la minería, y elevaba el riesgo de la llegada de grupos armados a la provincia de Soto Norte.
Así mismo, la Procuraduría resalta cómo, el Ministerio de Ambiente lleva más de 7 años sin delimitar el Páramo de Santurbán, pero sí actuaron apresuradamente, en contravía del principio de planeación, para expedir la resolución de la zona de reserva en Santurbán. Incluso, dicho ‘afán’ llevó a que el acto administrativo, firmado por Susana Muhamad la última noche al frente del MinAmbinete, tuviera errores sustanciales en las cifras y cálculos del área total que cobija la zona de reserva.
“Mientras que la Resolución 221 de 2025 fue tramitada en apenas 97 días, han pasado más de 2.679 días sin que se expida la resolución de delimitación del Páramo de Santurbán ordenada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017”, indica el informe conjunto de la Defensoría y la Procuraduría ya está en poder de la magistrada del Tribunal de Santander que adelanta el proceso.
Ambos entes de control coinciden en que dicha resolución, firmada por la exministra Susana Muhamad el último día de su gestión pese a haber sido recusada ante la Procuraduría, carece de validez legal y legitimidad, al haber sido adoptada sin garantizar el derecho a la participación ciudadana, y sin consulta ni concertación con las comunidades afectadas, tal como lo ordenan la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional y el Acuerdo de Escazú.
Incumplimientos y desacatos en la delimitación del Páramo
Según el informe presentado al Tribunal, el Ministerio de Ambiente ha incurrido en un reiterado incumplimiento del cronograma pactado para delimitar el páramo Santurbán-Berlín, omisión que ha transcurrido durante más de siete años desde la sentencia que ordenó dicho procedimiento. Hasta la fecha, solo se ha realizado una de las siete mesas de concertación prometidas, afectando de manera grave los derechos de participación, información y protección ambiental de al menos 13 municipios del área de influencia.
La Procuraduría y la Defensoría advierten que este incumplimiento sistemático ha generado desconfianza, tensión social y protestas en la región, así como un preocupante aumento de actividades extractivas ilegales dentro del Páramo, cometido por personas ajenas al territorio. Por tal motivo, insisten los organismos de control en que se evalué un desacato como medidas sancionatorias contra la Ministra de Ambiente, y no se otorguen más plazos al cronograma y se cumpla lo antes posible con la delimitación del Páramo de Santurbán-Berlín.
