Es un anuncio inaudito, especialmente para un presidente como Sebastián Piñera, empresario conservador y católico que gobierna Chile con una coalición de cuatro partidos de derecha y centro-derecha.
En su último discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso chileno, Piñera apoyó el matrimonio entre personas del mismo género: «Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país».
«Debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado, y también sobre el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas», agregó el mandatario.
Por eso, Piñera anunció que otorgará el «carácter de urgencia» a un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario, estancado en el Parlamento desde 2017, con miras a acelerar el proceso legislativo.
Organizaciones por los derechos de las personas LGBTI celebraron el anuncio. «Hoy, sin duda, el matrimonio igualitario está en la puerta del horno», vaticinó Óscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Una celebración no exenta de críticas. «Piñera llegó tarde, bien tarde, con compromisos internacionales incumplidos de por medio, pero finalmente llegó», agregó Rementería. «Esperamos que otros opositores a la igualdad sigan este camino».
Solo siete países de AL reconocen hoy el matrimonio igualitario
Si Chile da el paso definitivo hacia el matrimonio igualitario, se convertiría en el octavo país de América Latina en permitirlo, además de Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. Por ahora, en la nación solo se permite la «unión civil» entre personas de un mismo sexo.
Otros países, en cambio, no reconocen ninguna forma de unión legal entre dos personas del mismo género, como Perú, Venezuela o Nicaragua. En Bolivia, no fue hasta diciembre de 2020 que se registró la primera unión civil entre dos hombres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los estados sobre los que tiene jurisdicción a «reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo», una decisión histórica que, aunque no cambia las leyes de los países, sí ampara a las personas que quieren contraer matrimonio con alguien de su mismo género a nivel internacional.
Sin embargo, las dificultades que enfrenta la población LGBTI no pasa únicamente por la posibilidad o no de casarse. La violencia contra las personas con orientaciones sexuales o identidades de género disidentes siguen cargando con la lacra de una violencia que no cesa en la región.
Sin ir más lejos, hay nueve países de América Latina y el Caribe donde las relaciones homosexuales están penadas, entre los cuales destaca Jamaica y Guyana.
Y así no estén castigadas en el código penal, a veces la sociedad se encarga de hacerlo. Según el informe ‘El prejuicio no conoce fronteras’ de Sin Violencias LGBT, 20 personas del colectivo fueron asesinadas cada mes entre 2014 y 2020.
Piñera reconoció «atropellos a los derechos humanos» en 2019
La aceptación del matrimonio igualitario no fue la única declaración de Piñera que parece ir contra corriente de su discurso habitual. También ante el Congreso, el presidente chileno reconoció «delitos, abusos y atropellos a los derechos humanos» durante la oleada de protestas que estalló en el país en 2019.
A pesar de eso, el presidente volvió a negar que existiera una política sistemática de represión a las movilizaciones. Piñera fue denunciado a finales del pasado mes de abril ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su respuesta a las manifestaciones.
La denuncia fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el exjuez español Baltasar Garzón, la Asociación Americana de Juristas y el italiano Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia.
Las manifestaciones dejaron un saldo de algo más de treinta heridos, además de miles de heridos por actuaciones de los carabineros, la policía chilena, denunciadas por organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
La justicia chilena tiene abiertos 4.600 procesos contra agentes de distintos cuerpos de la fuerza pública del país a raíz de las protestas.
Según un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, los carabineros son responsables de delitos de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual.
Además, el reporte también registra 350 personas con heridas oculares y faciales, algo que prueba el uso de «armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada».
En ese sentido, Piñera anunció la creación de una Fiscalía especializada en derechos humanos. «La adecuada defensa de los derechos humanos requiere de instituciones sólidas y con capacidad para cumplir sus funciones de manera autónoma y eficaz», subrayó el mandatario.
