Para el presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, las secuelas de la pandemia, la crisis logística global que persiste y la fatídica guerra desatada por Rusia contra Ucrania, son factores que afectan seriamente la seguridad alimentaria y que, en su opinión, deben conducir a un profundo replanteamiento del sector agropecuario en Colombia.
El dirigente, además, propuso un plan de choque para atender la actual coyuntura agropecuaria, pues además de evidenciarse una pérdida de dinamismo desde finales del año pasado, la actividad está golpeada fuertemente por la escasez y el encarecimiento de insumos, lo que, según él, “constituye una seria amenaza a la seguridad alimentaria”.
Por ello, explicó Espinosa Oliver, “en un completo documento entregado a todos los candidatos presidenciales de la actual contienda electoral, hemos solicitado una contundente acción desde el gobierno central, para que el sector agropecuario recupere el liderazgo y potencial, precisamente desde las regiones, donde la diversidad de oportunidades es el común denominador”.
En ese sentido, señaló el gobernador Espinosa, en el capítulo de agricultura y desarrollo rural las propuestas desde la Federación Nacional de Gobernadores se encaminan a fortalecer cuatro frentes fundamentales del sector.
1-Crear un sistema para la prevención del desabastecimiento. Durante los últimos dos años, uno de los mayores retos alrededor del sector agrícola fue el abastecimiento de la canasta familiar de los colombianos, y en esa misma medida, los ingresos de los productores en zonas periféricas del país.
Esto se evidencia en que, pese a que la vocación agrícola de Colombia es de aproximadamente 26.5 millones de hectáreas, para finales del 2021 solo se encontraban en producción cerca de 7 millones de hectáreas, prácticamente, la cuarta parte de ese potencial.
2-Aumentar los créditos agropecuarios con enfoque territorial. A pesar de los esfuerzos en materia de créditos agropecuarios para pequeños y medianos productores, la oferta sigue siendo escasa, lo que se evidencia principalmente en las zonas rurales, ya que la inclusión financiera para estos territorios es de 65,1%, mientras que para las áreas urbanas es del 87,2% (según reposa en informes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al corte de 2021).
Esta situación hace evidente la necesidad de aumentar la disponibilidad de estos recursos, así como también los incentivos a la capitalización rural en al menos en un 30%.5
3-Actualizar el catastro periódicamente, al menos en un 50% de todo el territorio nacional. Todavía existe un rezago en cuanto a la actualización catastral del país. El último censo agropecuario se realizó en el 2020, año para el cual el 92,93% de los municipios tenía desactualización catastral urbana, rural o ambas, y el 2,12% estaba sin formar (ello está consignado en reportes del IGAC al 2020).
4-Mejorar la operatividad de los planes departamentales de extensión agropecuaria -PDEA-. Los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria -PDEA- son instrumentos importantes. Sin embargo, no cuentan con recursos suficientes para su puesta en marcha y operatividad.
Esto impide que la transferencia y apropiación de conocimiento agropecuario sea limitada y, que, a su vez, esto influya en la baja productividad y ejecución de buenas prácticas en el sector, obstaculizando el cumplimiento a cabalidad de los PDEA.
En este sentido, es necesario que los recursos del Ministerio de Agricultura y la Agencia encargada descentralice los recursos y los ponga a disposición de los departamentos.
“Incentivos al empleo rural, empresarización del agro y cadenas tanto de acopio como de comercialización, permitirán sentar bases para un efectivo desarrollo agropecuario”, concluyó el presidente del Consejo Directivo de la FDN.
