Varias personas de la opinión y la cosa pública han cuestionado duramente el decreto emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro el pasado 27 de mayo. La normativa, conocida como Circular CR-2025-009114-4 (SDN-300), obliga a los ciudadanos a notificar al Gobierno cuando deseen comprar o vender fincas en zonas específicas definidas por el Ministerio de Agricultura, lo que ha generado controversia.
Según el acto administrativo en cuestión, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendría la autoridad para suspender transacciones entre particulares y priorizar la compra de los predios.
Una de las primeras en reaccionar, fue la senadora por el Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, quien, a través de una serie de publicaciones en X, calificó esta medida como una “nueva amenaza a la propiedad privada rural”, argumentando que el Gobierno pretende apoderarse de las tierras y sabotear el desarrollo del campo.
La senadora explicó que “la Agencia Nacional de Tierras, por Ley, solo puede detener las ventas y tener prioridad para comprar los predios en dos casos: 1. Cuando los bancos reciban fincas o lotes rurales de personas que se colgaron en el pago de las hipotecas y, 2. Cuando a una persona el Estado le adjudicó un lote y lo quiere vender dentro de los primeros 15 años. En todos los demás casos, el Estado debe respetar las compraventas que se hagan entre particulares”.
Ahora las personas le tienen que informar al Gobierno cuando quieran comprar o vender una finca en las zonas que determine MinAgricultura.
La Agencia Nacional de Tierras puede detener la venta entre particulares y comprar el predio. Es una nueva amenaza a la propiedad privada… pic.twitter.com/u9Gx6VYBXf
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 30, 2025
Valencia fue más allá y también cuestionó la legalidad de la obligación de notificar al Gobierno sobre estas transacciones. «Ninguna ley autoriza al Gobierno a exigir que las personas le informen cuando quieran vender una finca o un lote», señaló, denunciando que se trata de una extralimitación que limita la libertad de los ciudadanos.
Además, la senadora desmintió que principios de utilidad pública e interés social permitan a la ANT detener ventas a su antojo. Según ella, estos conceptos solo autorizan al Estado a negociar compras o expropiar con indemnización, pero no a bloquear transacciones privadas ni a reclamar prioridad en la adquisición.
Otro de los que opinó, fue el exviceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, quien insinuó que las políticas gubernamentales atentan contra uno de los principios fundamentales de los Estados modernos.
“Los 3 elementos de la propiedad privada en Colombia son uso, goce y libre disposición. Es claro que la comunicación de la @Supernotariado pone restricciones al tercer elemento lo que puede generar consecuencias graves en el mercado de tierras de los municipios priorizados. Y si bien la Constitución determina la función social de la propiedad; ¡en la nuestra el derecho a la propiedad privada es preferente! ¡Así o más clarito!”, escribió Botero en su cuenta en X.
Los 3 elementos de la propiedad privada en Colombia son uso, goce y libre disposición. Es claro que la comunicación de la @Supernotariado pone restricciones al tercer elemento lo que puede generar consecuencias graves en el mercado de tierras de los municipios priorizados.
Y si… pic.twitter.com/p16FsFwPxG
— Juan Gonzalo Botero ♿ (@juangobotero) May 30, 2025
Ante esta situación, Valencia anunció que tomará las acciones judiciales pertinentes, para evitar que este acto administrativo afecte el patrimonio y los derechos de los propietarios rurales en el país.
“Los ciudadanos son libres de comprar y vender cuando quieran. Esto es una extralimitación con la cual se perseguirá a los propietarios y se detendrá el desarrollo del campo. Demandaré el Decreto y la Resolución con que el Gobierno pretende iniciar una persecución contra el agro”, puntualizó la senadora por el Partido Centro Democrático.
APN Noticias
