La descertificación de Colombia en materia de narcotráfico, anunciada por la administración estadounidense, no solo abrió un frente de tensión diplomática, sino que también, encendió un debate nacional que revela fracturas en el modo de entender la cooperación internacional, la seguridad y la política económica.
Desde el mundo empresarial, la presidenta del Consejo de Empresas Americanas, María Claudia Lacouture, fue categórica en advertir que el impacto trasciende lo político. En su criterio, el golpe puede sentirse en las finanzas y la inversión.
“Hay una oportunidad real de reconsideración desde Estados Unidos, pero el país debe actuar con rapidez y rigor. De no hacerlo, podrían activarse restricciones adicionales de asistencia y votos adversos en banca multilateral”, señaló la dirigente gremial, al subrayar que el encarecimiento del crédito pondría en riesgo el empleo y el bienestar.
Por su parte, la precandidata presidencial y líder de la oposición, María Fernanda Cabal Molina fue más allá, achacando la culpa a una política pública errada en su ejecución. “El gobierno de Petro, el de la paz cocal, incumplió su deber de combatir el narcotráfico por estar contemporizando con los criminales que han mantenido sometido al pueblo colombiano”, afirmó la también senadora por el partido Centro Democrático, remarcando que, a pesar de la sanción, Washington mantiene abierta la cooperación.
En esa misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue aún más drástico. El mandatario regional aseguró que la descertificación es la radiografía del fracaso gubernamental y que su departamento es la primera víctima del crecimiento de los cultivos ilícitos. En ese sentido, defendió el retorno de mecanismos de erradicación hoy vetados por el ordenamiento jurídico.
“La aspersión aérea fue la más exitosa herramienta en el pasado: eficaz en la erradicación, protegía a nuestros soldados y policías. Hay que reactivarla. ¡Para mañana es tarde!”, declaró, cuestionando además que el aumento en las incautaciones no es prueba de eficacia, sino de un pico histórico en la producción.
Mientras tanto, desde la orilla de los sectores alternativos, la representante Martha Alfonso lanzó críticas a la legitimidad misma de la medida. Para ella, Estados Unidos incurre en un ejercicio de doble moral. “El país que más consume cocaína en el mundo no puede venir a certificar unilateralmente a un país productor, cuando sus propias políticas de prevención y control del consumo son débiles e insuficientes”, advirtió.
Además, la congresista subrayó que este debate no puede desligarse del concepto de soberanía nacional ni del impulso de una política antidrogas multilateral, que deje de criminalizar al campesinado y atienda las raíces estructurales del fenómeno. “Colombia no puede seguir pagando las consecuencias de un modelo global fallido”, remató.
Analistas independientes han advertido que el informe de descertificación, aunque políticamente duro, tiene matices. La Casa Blanca reconoció que Colombia ha aumentado las incautaciones y mantiene programas de erradicación manual, pero cuestionó la falta de resultados estructurales en zonas controladas por el narcotráfico. También señaló debilidades en la persecución de las redes criminales y la persistencia de estructuras mafiosas en zonas rurales.
El Gobierno por su parte insiste en que su política está en proceso de transición y que el éxito debe medirse por la reducción de la violencia y el aumento de oportunidades para las comunidades campesinas. Mientras tanto, el debate se instala con fuerza en la campaña electoral, en donde los sectores de derecha proponen reactivar la aspersión aérea como herramienta clave para “recuperar el control territorial”.
APN Noticias
