El Consejo de Estado ordenó crear una política nacional farmacéutica para regular eficazmente el control de precios y acceso a los medicamentos. Decisión en medio de un contexto de dificultades en el acceso y suministro de medicamentos, cuestionamientos sobre los precios y deficiencias en los mecanismos de inspección, vigilancia y control.
Al resolver una acción popular, el Consejo de Estado ordenó avanzar en la formulación de una nueva política pública farmacéutica que permita enfrentar las deficiencias en la regulación de precios, el desabastecimiento de medicamentos y las fallas en la vigilancia y el control de los actores que intervienen en su producción, distribución y comercialización.
Informó el Consejo de Estado que para concretar esta medida, deberá conformarse una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
También participarán los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Ciencia, Tecnología e Innovación; la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES); representantes de la industria farmacéutica, mayoristas, EPS, IPS, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes, centros académicos y la Procuraduría General de la Nación, entre otros actores.
La demanda fue presentada por el Ministerio Público ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un contexto de dificultades en el acceso y suministro de medicamentos, cuestionamientos sobre los precios y deficiencias en los mecanismos de inspección, vigilancia y control. Durante el proceso, el Tribunal ordenó al Ministerio de Salud y al Invima continuar con la ejecución de un plan de respuesta urgente frente al desabastecimiento, medida que el Consejo de Estado mantuvo.
Al igual que el Tribunal, la alta corte amparó los derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas, la protección del patrimonio público, el acceso eficiente y seguro a los servicios de salud y los derechos de los usuarios y consumidores.
La vulneración se atribuyó al Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, las superintendencias de Industria y Comercio y la Nacional de Salud, así como la ADRES.
La corporación señaló que el artículo 23 de la Ley 1751 del 2015 establece el deber del Estado de formular una política farmacéutica nacional que permita regular el mercado de medicamentos y garantizar su disponibilidad. Si bien el documento CONPES 155 del 2012 estableció lineamientos en esta materia, no se demostró la existencia de una política posterior que ofreciera una respuesta integral a los problemas identificados en el proceso.
Por esta razón el Consejo de Estado ordenó formular una nueva política, que podrá adoptarse mediante un documento CONPES que actualice el de 2012 o a través de otro instrumento jurídico idóneo.
Según el Consejo de Estado, la política farmacéutica nacional deberá definir las medidas, acciones y mecanismos de financiación necesarios para mejorar la regulación de precios, evaluar alternativas de adquisición de medicamentos a menores costos, fortalecer los sistemas de información y control de la facturación, y proponer soluciones al desabastecimiento, entre otros asuntos.
La sentencia también precisó que la libre competencia no es un derecho absoluto y debe ejercerse en armonía con el interés general y la garantía del derecho fundamental a la salud, explicó el Consejo de Estado.
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