El coronel en retiro del Ejército Nacional, Javier Alberto Vallejos Delgado, fue vinculado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el homicidio de seis personas, que fueron presentadas como bajas en combate. Los hechos ocurrieron en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, municipio de Ibagué (Tolima), el 28 de febrero de 2008. Y se trata de un caso más de posible «falso positivo» o ejecución extrajudicial.
La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público. Y fue vinculado junto con el sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y los soldados Johan Castro Bustos, Rafael Antonio Rincón y Maryó Martínez. La clave de esta investigación pasa por un testimonio de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, un desmovilizado del ELN. En sus declaraciones a la fiscalía, este hombre aseguró que estaba encargado de reclutar a las víctimas, supuestamente, por encargo de los miembros de inteligencia del batallón Jaime Roke.
Así lo aseguró el fiscal del caso durante la diligencia de imputación de cargos: «debía hacer el montaje de los supuestos secuestros o cobros ilegales, mientras que la tropa daba de baja a estas personas”. De acuerdo con el funcionario, en este entramado, el coronel era supuestamente el encargado de emitir órdenes de registro y control con inconsistencias. «Versión coherente con la información entregada a la Fiscalía por el reclutador desmovilizado Castro Ramírez, quien afirmó que llevaban a la gente como carne de cañón”, agregó el fiscal.
Para la Fiscalía, es falsa la versión de los uniformados. Los militares aseguran que el hecho sucedió en combate, en el momento de impedir el secuestro de un ganadero llamado Jacinto Torres Arias en la vereda Potreritos. “Se utilizaron todas las herramientas del Estado, uniformes, ordenes de registro, armas e inteligencia para quitarle la vida a civiles, ajenos al conflicto, quienes son protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, argumentó el fiscal.
Durante la diligencia, los militares firmaron un acta en la que mostraron su voluntad de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. En su criterio, el hecho por el que son investigados tienen que ver con el conflicto armado.