Cuando el fiscal general de la época anunció en Bucaramanga que se pagaron tamales a 30 mil pesos a una empresa de grúas, dentro de la ejecución del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2016; quedó claro que el anuncio era tan solo la punta del iceberg del escándalo que hoy tiene en líos judiciales al exgobernador de Santander, Didier Alberto Tavera Amado.
Este miércoles el ente acusador dejó en firme un escrito de acusación contra el hoy director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), por los delitos de celebración por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Por esto, la Fiscalía llamó a juicio al exmandatario, pero no se ha programado la fecha para la acusación formal que se hará ante la Corte Suprema de Justicia.
Tavera Amado es investigado y procesado por presuntas irregularidades en la operación del PAE, con un contrato de más de $23 mil millones que fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, principal oferente en este proceso. La investigación reveló que con ese contrato se benefició a terceros con más de $10 mil millones.
Los implicados
La investigación de la Fiscalía llevó a que el CTI realizara un operativo de captura en San Vicente de Chucurí, muy parecido a los que se ven en las películas. El 19 de noviembre de 2017 fueron asegurados, la entonces secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona y el supervisor del contrato, Aníbal González.
También derivó la captura, ese mismo mes en Bogotá, de Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la empresa Surcolombiana de Inversiones, por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado.
Ella, tras colaborar con la justicia, logró una condena de 42 meses de prisión, el pago de una multa por 742 millones de pesos y quedó inhabilitada por 58 meses para ejercer funciones públicas.
Otro de los ‘pesos pesados’ del PAE capturado fue Germán Trujillo Manrique, a quien el Juzgado Cuarto Penal de Bucaramanga condenó a 36 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, deberá pagar una multa de $563 millones.
También fue vinculado el entonces Gobernador Didier Tavera, a quien el 11 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento después de que la Fiscalía delegada para la Corte Suprema le imputara el delito de celebración indebida de contratos. Esta medida fue levantada, posteriormente.
