Por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1 millón 322 mil 700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones de pesos contra el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS, Anderson Gaminera Angulo.
Este contrato se suscribió inicialmente por un valor de $2.361 millones, que fue modificado luego para quedar en un valor final de $1.984 millones. El ajuste se hizo atendiendo lo dispuesto en Decreto Legislativo del Gobierno Nacional No. 551 de 15 de abril de 2020, el cual con ocasión de la pandemia exoneró del impuesto sobre las ventas (IVA) entre otros productos a los tapabocas convencionales, en este caso adquiridos por la Armada Nacional con el fin de contar con los elementos necesarios que propendieran por la seguridad de sus integrantes.
Fue así como, en virtud del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS pactaron la adquisición de 26.454 cajas de 50 unidades de tapabocas convencionales (en total 1.322.700).
En su momento, el equipo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República (DIARI) advirtió que en el mencionado contrato se había evidenciado un presunto sobrecosto del 128%, al pagarse por unidad de tapabocas convencional la suma de $1.785.
Sin embargo, con la modificación que tuvo el valor del contrato, al pasar de $2.361millones a $1.984 millones, el precio final de cada tapaboca quedó establecido en $1.500.
La Contraloría contrastó los valores del contrato acordado entre la Armada Nacional y Medivalle SF SAS con otro contrato de similares condiciones suscrito entre la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte, y Sersugen SAS (Contrato No. 64-2-10007-20), en el cual se evidenció que, cada unidad de tapabocas convencional fue adquirido por precio de $750, exactamente la mitad de lo que pagó la Armada, de lo cual se concluyó la existencia de un presunto sobrecosto del 100%.
Esta comparación se sustentó en que, en ambos casos, el objeto contractual es el mismo y los elementos de protección personal adquiridos son de similares condiciones técnicas. Siendo así, la Armada Nacional los contrató a precios sustancialmente diferentes a los que los compró la Policía Nacional.
Determinación del daño patrimonial
En el presente caso, el presunto daño patrimonial al Estado está representado en el sobrecosto para la adquisición de tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional de Colombia, puesto que en el Contrato N° 0047 de 07 de abril de 2020 se evidenció que el valor de los tapabocas convencionales por unidad, de acuerdo a lo pagado, ascendió a la suma de $1.500 c/u, con lo cual, la caja por 50 unidades tuvo un valor de $75.000 que multiplicado por 26.454 (cantidad pactada en el contrato), arroja un valor total de $1.984.050.000.
Comparando estos valores con los del contrato celebrado por la Policía Nacional, se encuentra que por cada caja de 50 tapabocas adquirida por la Armada Nacional se evidencia un sobrecosto de $37.500, que al multiplicarse por la cantidad pactada en el contrato (26.454), sumaría $992.025.000, advirtiéndose el sobrecosto de 100%.
