Por: Carlos Andrés Mahecha Silva/ Uno de los fallas de la administración pública es la interrupción de los planes, programas y proyectos que el gobierno nacional entrante cambia de la administración saliente. Esto ha sido común a lo largo de los años en las distintas entidades del Estado y esta vez nos referimos a la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV).
Pero en realidad lo importante no son las modificaciones administrativas, lo preocupante es quienes salen peor librados con todos estos cambios, entre ellos están los beneficiarios de los programas, siendo algo ilógico ya que estas interrupciones administrativas perjudican directamente a la población más vulnerable. Este es el caso actual de las víctimas en Colombia, ya que en estos momentos existe una incertidumbre generalizada por lo que ha de pasar con el nuevo gobierno y la nueva administración de la “UARIV”. Pero, ¿qué es lo que está pasando?
Un poco de contexto muy general y sencillo para ustedes: El registro de victimas en el país inicia en el año 1997, el cual se hizo necesario por las grandes cantidades de personas que fueron sujetas de desplazamiento forzado en Colombia, en ese entonces, solo se consideraban víctimas estas primeras, pero en el camino surgieron nuevas modificaciones en el registro único de víctimas (RUV) y se incluyeron nuevos delitos y nuevas formas de reparación a víctimas, una de las más recordadas fue la de Justicia y Paz, donde se tuvieron en cuenta nuevos delitos como el homicidio, secuestro, desaparición forzada entre otros y muy cercana a la que tenemos actualmente, Ley 1448 que da origen como tal a la Unidad para las Víctimas.
Sin embargo, una diferencia significativa de la 1448 a la de Justicia y Paz es la forma de reparación, ya que en la actual se reparan de forma administrativa donde los montos a pagar y el proceso está determinado por la ley y de las demás normas que la reglamentan, permitiendo una homogenización y estandarización para las víctimas, tal vez por la facilidad y el uso racional de los recursos económicos y los tiempos de los procesos. A diferencia, Justicia y Paz, donde la reparación se da mediante sentencia de un juez y este es quien determinaban montos y tiempo de reparación, en lo que concierne a las víctimas en Colombia.
Si bien todos sabemos que la Ley 1448 de 2011 tiene vigencia hasta el 2021 la cual determina la forma general al proceso de atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero que para el caso de reparación es diversa la normatividad, por ejemplo hoy contamos con la Resolución 1958 de 2018, respuesta del Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual da las nuevas reglas para la indemnización en el momento de reparación.
Por fuentes cercanas a esta entidad hemos percibido que tanto funcionarios de la Unidad para las Víctimas, como las victimas en sí, hoy padecen de incertidumbre por lo que ha de pasar con ellos, sobre todo en el proceso de reparación, porque este puede tener modificaciones según las iniciativas del nuevo gobierno, ahora no estamos diciendo que vaya a cambiar significativamente o que sea perjudicial para las víctimas, pero si se pueden generar cambios.
En este momento el registro cuenta con un poco más de ocho millones de víctimas de diferentes hechos victimizantes, donde la reparación ha sido lenta, creo que más allá de eso es la poca confianza y credibilidad que genera la entidad, ya sea por incompetencia de los funcionario, por vacíos en la ley o por una cultura asistencialista que ya tienen las víctimas. Aun así mi intención no será entrar a dirimir culpas, es entender por qué un cambio de gobierno genera tanta expectativa en las victimas y en los funcionarios de la misma unidad.
Para las víctimas es el pensar en que los que no han sido reparados mediante la indemnización, el otro gobierno no lo hará, o que les tocará iniciar de nuevo el proceso. También piensan que volverá de nuevo la reparación mediante vía judicial ya que esta se dio en el gobierno de Álvaro Uribe, o sencillamente esa preocupación surge de ver cómo millones de víctimas cumplen los requisitos de tiempo y superación de vulnerabilidad del hogar pero que no han sido reparados.
Para los funcionarios esa angustia de cambio de gobierno se da por no saber qué va a pasar con sus trabajos ya que todos sabemos que cada gobierno acomoda sus fichas en todos los niveles, si esto es así, se le estaría dando la razón a la senadora Sofía Gaviria quien denuncio la politización de la Unidad a favor de ciertos partidos, en especial al Partido Liberal. Entonces se entendería dicha preocupación.
Considero que las víctimas verdaderas -ya que todas las personas que están el Registro Único de Víctimas no lo son- no deben padecer una preocupación por el cambio de gobierno ya que el factor político no debería incidir en una atención, asistencia y reparación a las víctimas por parte del Estado y es que es culpa del mismo el que durante décadas millones de colombianos hayan estado y estén a la merced de grupos paramilitares, guerrilleros y fuerza pública donde se asesina, se viola, se tortura, se desaparece entre otras muchas cosas, sin que se llegue a una solución definitiva e integral a las víctimas, siendo el Estado quien tiene el monopolio de armas y ley, pero que falla en la prevención, atención y/o solución del incremento en el número de víctimas en Colombia.
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