El pasado miércoles 21 de febrero, la Fiscalía reveló la captura de Hugo Aguilar por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La misma suerte corrieron su exesposa Mónica María Barrera Carreño y un presunto testaferro llamado Yeison Albeiro Sáenz Plazas.
Al término de la audiencia de imputación de cargos (aquella donde se le informa al aprehendido por qué delito será investigado), el juez 74 con función de control de garantías negó la medida de aseguramiento que la Fiscalía había solicitado no solamente para el coronel, sino también para Barrera Carreño, Sáenz Plazas y, además, Socorro Carreño, la exsuegra de Aguilar.
El juez señaló que la argumentación del ente acusador fue insuficiente para otorgar las medidas pedidas, negando incluso la incautación de los cuatro vehículos de alta gama que le fueron hallados al Coronel (r). Uno de ellos, el porsche que en 2015 generó malestar en la comunidad: aquel que libremente conducía Aguilar por Bucaramanga tiempo después de haber salido de la cárcel por nexos con las Autodefensas y haberse declarado en “pobreza”, por lo que no podría indemnizar a las víctimas.
Dado que, según el juez, no hubo razones de peso que demostraran que los investigados podían poner en peligro el normal desarrollo del proceso y de las indagaciones, y como no se demostró que el origen del aumento en el patrimonio -objeto del caso- fuera ilegal, las cuatro personas quedaron en libertad.
Durante la audiencia, ninguno de los imputados aceptó los cargos. Fuera de Aguilar, su exesposa, su exsuegra y el presunto testaferro no tienen antecedentes penales.
En este sentido, el exgobernador y los otros tres investigados enfrentarán todo el proceso pero en libertad.
Actualmente, el hijo de Aguilar, Richard Aguilar, es candidato al Senado por el partido Cambio Radical.
Decisión del juez
Estos son los argumentos del juez para no atender la petición de la Fiscalía de mantener a Aguilar privado de la libertad.
El juez consideró que la Fiscalía tiene el deber de investigar cuando exista sospecha sobre el manejo de recursos ilegales, y si decidió llamar a imputación de cargos al coronel Aguilar, es porque encuentra que hay movimientos que deben ser procesados judicialmente.
El funcionario judicial dijo que el ente acusador sí presentó elementos de juicio para evidenciar que el exgobernador registra un posible incremento injustificado en su patrimonio.
Para el juez no hay evidencias de que el coronel Aguilar esté vinculado actualmente a un grupo armado ilegal. Aunque fue condenado por nexos con el Bloque Central Bolívar, hoy esa organización está desmovilizada.
El coronel Aguilar no representa un peligro para la sociedad. La Fiscalía, a juicio del juez, no sustentó a quien ponía en riesgo el exgobernador.
A juicio del juez no hay riesgo de que el oficial evada la acción de la justicia.
Durante la audiencia sorprendió la posición de la Procuraduría que incluso había pedido al juez de garantías que le concedió la libertad condicional a Aguilar que revocara esa decisión.
A pesar de esa posición inicial, en este proceso no respaldó la petición de la Fiscalía de privarlo de la libertad.
Además, el representante de la Procuraduría dijo en la audiencia que la Fiscalía se equivocó al plantear los supuestos delitos de habría cometido el coronel Aguilar.
El funcionario sostuvo que la Fiscalía no específico cual medida de aseguramiento pedía para Aguilar. Sin embargo, el juez consideró que sí lo hizo y que lo que se pidió fue que el oficial fuera privado de la libertad y enviado a prisión.
Este martes, la procuraduría expidió un comunicado en el que señala que existen suficientes pruebas del enriquecimiento ilícito de funcionario público.
“El Ministerio Público no comparte que Aguilar Naranjo sea procesado por enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, y a través de la Delegada del Ministerio Público asumirá la representación en el proceso y de ser necesario intervendrá en la reformulación de los cargos”, señaló la Procuraduría, que había destituido e inhabilitado al exfuncionario.
Detalles de la investigación
La decisión de la Fiscalía de investigar a Hugo Aguilar, por supuestamente haber encubierto activos ilícitos obtenidos por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, tiene varias aristas.
Una de las tesis en que trabaja ese organismo es en identificar si el coronel (r) de la Policía utilizó la separación con Mónica María Barrera Carreño para ocultar una fortuna de $1.803 millones.
Al ente investigador le causó extrañeza, y así se lo hizo saber al juez en 74 de garantías de Bogotá, que la ruptura de la sociedad conyugal se dio en épocas en que la Corte Suprema de Justicia tenía en la mira al exgobernador por concierto para delinquir agravado, delito que fue probado y por el cual recibió una pena de nueve años de prisión y una sanción de 10.750 salarios mínimos en 2013. Mediante la escritura pública 1604 del 17 de noviembre de 2011, en una notaría de Bogotá, se realizó dicha liquidación entre Aguilar y la señora Barrera Carreño.
Según la Fiscalía, allí quedaron consignados los bienes que rastreó producto de la compulsa de copias a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, que entró a verificar bienes de personas condenadas por parapolítica, y otros más que poco se sabía hasta ahora. Están distribuidos en oficinas, parqueaderos, lotes, camionetas, fideicomisos, acciones en una clínica de Bucaramanga -por $88 millones-, y hasta una motocicleta Yamaha avaluada en $8 millones. En total, los onerosos bienes fueron tasados en $1.803 millones.
¿Separación de bienes?
La Fiscalía sostuvo que de esa liquidación conyugal también se encontraron otros activos como dos camionetas Audi avaluadas en $407 millones, un Chevrolet de $18 millones y un Nissan de $64 millones.
Además, infiere que esa rotura conyugal no fue un “ejercicio legítimo” para dirimir ese patrimonio, sino que se trató de una maniobra para poner el presunto capital ilícito del coronel (r) en manos de Mónica María. En total, se relacionan 14 activos.
Ingresos sin justificar
También, la Fiscalía revisó los registros de Aguilar en la Cámara de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), registros públicos de inmuebles, oficinas de transitó municipales e información consignada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Concluyó, en un informe fechado el 23 de enero pasado, que entre 2000 y 2015 el exgobernador presentó ingresos en sus declaraciones de renta que no han sido justificados, “por lo que (…) se desconoció su origen y procedencia de los mismos”.
Pero el ente investigador también encontró inconsistencias en los ingresos declarados por concepto de salarios y pensión de jubilación frente a los ingresos reportados por la Gobernación de Santander y la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional.
“Se rompe el principio de veracidad -dijo la Fiscalía- de la declaración de renta y en segundo lugar permite inferir una posible maniobra para justificar ingresos adicionales al patrimonio haciéndolos pasar por una fuente lícita”.
En este caso, se presentaron incongruencias superiores a los $400 millones.
Afectación de bienes
A criterio de la Fiscalía General, el material probatorio recaudado sirvió para identificar 33 bienes sobre los que durante el desarrollo del proceso, se pedirán medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo con fines de comiso.
Las propiedades están representadas en cuatro vehículos de gama alta, dos de ellos marca Porsche y 29 inmuebles ubicados en Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil, Páramo y Socorro (Santander), Chitaraque (Boyacá) y Bogotá.
Entre los bienes, que superarían en valor comercial los $15 mil millones hay dos consultorios, seis oficinas, dos parqueaderos, dos casas, cuatro apartamentos, seis lotes, un depósito y cuatro predios rurales. Sobresalen dos propiedades en un exclusivo condominio ubicado en la vereda Ruitoque, en Piedecuesta.
