En Colombia, se compran aproximadamente 5,3 millones de galones diarios de Gasolina Corriente y 4,7 millones de galones diarios de ACPM, en un mercado de $30,5 billones de pesos anuales.
La CGR sostiene que es cuestionable que siga incluyendo el margen de continuidad dentro de la estructura de precios de los combustibles, cuando a partir de la Ley 1118 de 2006 Ecopetrol (y posteriormente Cenit) debe ser considerada más como una empresa privada.
Importaciones obligadas
Las metas de reducción de azufre en los combustibles pueden encontrar una limitación en la capacidad de las refinerías colombianas, lo cual obligaría a realizar importaciones con estándares acordes a los de la legislación ambiental, situación que impacta los precios al consumidor y las finanzas del país, señala un reciente estudio de la Contraloría General de la República.
Asegura el análisis que los combustibles nacionales producidos en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena hasta el momento cubren las necesidades de Colombia, pero a futuro, con los requerimientos de mejor calidad y posible incremento de demanda por crecimiento de la economía, la importación de combustibles irá en aumento.
Considera el organismo de control que “Ante el avance en materia ambiental respecto a la contaminación atmosférica de los combustibles líquidos, se hace necesario revisar los estándares de calidad en Colombia, aunado a la capacidad de refinación para cumplir con dichos estándares y el costo fiscal que esto conlleva”.
Actores involucrados
Los actores involucrados en este tema son el Ministerio de Minas y Energía, por tener a su cargo la política de precios de combustibles; la CREG, por ser el ente técnico que hace la regulación de los precios; y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde donde emanan las políticas ambientales que inciden en la calidad que deben tener los combustibles en Colombia. Y, adicionalmente, Ecopetrol como agente refinador está involucrado por ser el autorizado para hacer importación de combustibles y ajustar la calidad de aquellos que produce.
El documento de la Contraloría se centra en realizar una “Evaluación y Análisis de la intermediación de combustibles líquidos en Colombia, desde el mercado mayorista al consumidor final”. Y uno de los puntos que mira es el cumplimiento de los lineamientos de política pública en materia ambiental que se han dictado respecto a la contaminación atmosférica de los combustibles líquidos.
Más estaciones de servicio
En cuanto al abastecimiento de combustibles líquidos se destaca la multiplicación de las Estaciones de Servicio —EDS- en el país, especialmente en los municipios considerados de libertad vigilada.
Según el análisis realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Minas y Energía, el aumento de la demanda de combustibles crea incentivos para la aparición de nuevas estaciones de servicio como efectivamente ha ocurrido.
Sin embargo, la política diferenciada para la venta de combustibles en Zonas de Frontera no ha alineado ese crecimiento con el tamaño del mercado, pues ha aumentado el número de estaciones en una proporción mayor al aumento de los volúmenes de combustible en esas regiones.
“Esto se traduce en una fuerte presión política para evitar el desmonte de ese régimen pues muchas EDS de regiones fronterizas no podrían competir. A pesar de lo anterior debe recordarse que tal régimen tiene un alto costo fiscal y el Gobierno debe sopesar el mejor costo/beneficio de la mencionada política”, indica el estudio.
Para la CGR, la política de combustibles en Zonas de Frontera creó una distorsión en el mercado minorista. De especial atención es Nariño, un mercado entre mediano y pequeño donde proliferaron las estaciones de servicio si se compara con sus vecinos Valle del Cauca y Cauca.
Al hacer un análisis de aumento o disminución en la cantidad de estaciones de servicio entre 2009 y 2019, se encontró que los departamentos donde más aumentaron pertenecen principalmente a zonas de frontera y la región Caribe.
Se destacan los departamentos de Guainía (aumento del 83%), Chocó (54%), Nariño (51%), Norte de Santander (40%) y de la Costa departamentos como Magdalena (53%), Bolívar (50%) y Sucre (49%).
Asignación de recursos
La Contraloría estima que la actual cadena de combustibles provee una asignación adecuada de recursos y por lo tanto se puede considerar eficiente, lo que no implica que no pueda ser mejorada y que el precio final del combustible sea transparente en cada uno de sus componentes.
Sostiene que el mercado de combustibles en el país ha funcionado correctamente, aunque no en todo el territorio, pues aún se tienen problemas asociados a los cupos de combustibles en Zonas de Frontera y se esperaría que con la crisis que vive Venezuela se pueda cerrar ese problema ya que el contrabando parece no representar la amenaza que obligó a la creación de ese régimen especial.
Se destaca también que los márgenes de intermediación son acordes al papel y valor que los agentes (especialmente mayoristas y minoristas) le dan al mercado de combustibles, sin embargo, el minorista ha podido aumentar en mayor medida su margen en comparación con el mayorista.
Volúmenes de combustibles
Según la Contraloría, en estaciones de servicio se compran aproximadamente 5,3 millones de galones diarios de Gasolina Corriente y 4,7 millones de galones diarios de ACPM.
Hasta hace poco se consumía más ACPM que Gasolina porque el precio del primero era mucho menor que el segundo lo que provocó una diselización del parque automotor, sin embargo, desde 2015 esta tendencia se revirtió y actualmente el producto más vendido es la gasolina corriente.
En términos volumétricos la gasolina extra representa solo el 2,9% del total de gasolinas.
Con los volúmenes de compra descritos se puede calcular que el mercado de combustibles a nivel minorista en el país es de $30,5 billones de pesos anuales, repartidos en 52,8% Gasolina ($16,07 billones) y 47.2% ACPM ($14,36 billones) sin incluir otros combustibles como Diesel Marino o Gasolina Extra.
Precios de los combustibles
La Contraloría hizo con este estudio una revisión a los márgenes de intermediación de los combustibles líquidos en el país.
Se conceptuó sobre los componentes que rigen los precios de los combustibles desde el Distribuidor Mayorista al Consumidor Final.
Se determinó que, del precio final de gasolina corriente, 54% es para el refinador; 25% son impuestos y el 21% restante es para los intermediarios (mayoristas, minoristas y transporte).
Mientras tanto, en el precio final del ACPM, 64% es para el refinador; 15% son impuestos y el 21% restante es para los intermediarios (Mayoristas, minoristas y transporte). También se revisó la gestión de la CREG en la metodología que se utiliza para la determinación de dichos márgenes.
