La legislación nacional, que contempla exenciones, deducciones y/o descuentos en el pago de impuestos, tiene abierto un boquete de casi $60 billones anuales, del cual, solo por renta, el fisco deja de recibir $13 billones.
La legislación nacional, que contempla exenciones, deducciones y/o descuentos en el pago de impuestos, tiene abierto un boquete de casi $60 billones anuales, del cual, solo por renta, el fisco deja de recibir $13 billones.
Así se desprende del estudio ‘Beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado (IVA) – año gravable 2017’, elaborado por la Dian para el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el cual se indica que, si bien esta cifra ha caído, en porcentaje del PIB, sigue siendo de casi el mismo nivel de los recursos que recaudaría la ley de financiamiento en la que se está trabajando.
De hecho, este es uno de los puntos que estarían en la mira del Gobierno a la hora de hacer la cirugía fiscal y tributaria, que lo tiene detrás de $14 billones para el 2019, con el fin de cumplir con un déficit de 2,4% del PIB, que le exige la Regla Fiscal.
Por esto, el documento de la Dian especifica una por una las ‘gabelas’ que tiene definidas la ley colombiana, y empieza por asegurar que tras varias reformas tributarias se igualaron las exenciones tanto para personas naturales como empresas; en tanto que el costo fiscal de las personas naturales es de 0,66% del PIB, mientras que de las jurídicas es de 0,7%.
Análisis en personas naturales
Sobre el primero de los casos, la Dian reportó que la entrada en vigencia de la reforma tributaria del 2012 casi que se duplicó el número de personas naturales obligadas a declarar renta, por lo cual, en su concepto, tenían que aumentar las exenciones.
“El principal beneficio tributario de las personas naturales lo constituyen las rentas exentas, entre las que se destacan las provenientes del 25% por pagos laborales, los aportes a las AFC, las pensiones voluntarias y obligatorias, las cesantías, las indemnizaciones, etc.”, señala el documento.
No obstante esto, los cambios hechos en la reforma tributaria del 2016 llevaron a que dichas exenciones no puedan superar, en casi ningún caso, el 40% del total a declarar, por lo cual el Marco Fiscal del próximo año tendría que revelar un mayor ingreso tributario para el año gravable 2017.
Allí estaría justamente uno de los puntos que se atacaría en una nueva reforma fiscal o en la ley de financiamiento, de modo que se reduzca aún más el tope de las deducciones posibles, sobre todo porque la reforma del 2012 abrió la puerta a que más personas declararan, y casi a duplicar las rentas exentas.
Incluso, la Dian en el documento detalló que “los nuevos declarantes (…) hacen presencia en la estadística de los beneficios tributarios contribuyendo casi en una magnitud que duplica el valor del costo fiscal observado en el 2010”.
Análisis en empresas
Algo diferente sucedió, entre el 2010 y el 2017, periodo entre el cual se redujeron considerablemente algunas rentas exentas para las empresas, sobre todo con lo fijado en la reforma fiscal de hace dos años.
De hecho, el estudio de la Dian sostiene que, “el costo fiscal varió significativamente y es así como este se ubicó en 0,7% del PIB en el 2017, mientras que en el 2010 el costo fiscal representaba 1,3% del PIB”.
Y agregó que para las empresas, el beneficio que generó el mayor costo fueron las rentas exentas, seguido de la deducción por inversión en activos fijos, los descuentos tributarios, el tratamiento a usuarios de zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica.
Por esto, en la nueva reforma que se trabaja no se modificarían las ‘gabelas’ a las empresas y, además, se les reducirían las tarifas efectivas de tributación.
¿Cuánto cuesta La estabilidad jurídica?
La legislación colombiana también contemplaba, hasta hace poco, los llamados contratos de estabilidad jurídica, que les daban garantías a las empresas de que, a pesar de los cambios normativos futuros, estas tendrían ‘tarifas fijas’ en el pago de impuestos.
Según la Dian, “la utilización de esta figura fue creciente hasta el año 2010, habiéndose suscrito 63 contratos a esa fecha, en tanto que para los años 2011 y 2012 se firmaron dos contratos más”.
No obstante, en la reforma tributaria del 2012 se eliminó la posibilidad de seguir con dichos pliegos, dejando vivos solo a aquellos que ya habían solicitado su incorporación. La cuestión es que incluso, hasta el día de hoy, estas siguen siendo rentas exentas que le cuesta al fisco entre $2 billones y $2,2 billones anuales, correspondientes a 0,2% del PIB, cifra que en buena parte se concentra “en la deducción por inversión en activos fijos con el 61,6% del total”, según la Dian.
Las demás ‘gabelas’ son las tarifas diferenciales de renta, en las que hay algunas de 33% e incluso otras de 15%; la no liquidación de la sobretasa y la liquidación de la renta presuntiva, con incidencia en el impuesto sobre la renta líquida gravable.
A propósito de la existencia de estos beneficios, el centro de estudios económicos Anif propuso, en su momento, que se dejaran marchitar, de modo que le entren al fisco casi $10 billones de aquí al 2022.
“El otorgamiento de contratos de estabilidad jurídica ha resultado en dádivas gubernamentales, ya que el grueso del empresariado colombiano venía reinvirtiendo entre 20% y 30% de sus utilidades en maquinaria y equipo. Adicionalmente, llama la atención la anomalía jurídica de que el Congreso delegara en el Ejecutivo el manejo de las tasas de gravamen”, agregó.
Por esto, el grupo de expertos propuso eliminar dichos beneficios, lo cual podría allegar recursos por cerca del 0,9% del PIB hacia 2019-2022, “considerando que una buena parte de los grandes contribuyentes aparece blindada frente a mayores impuestos”.
