La Procuraduría General de la Nación, en el desarrollo de una actuación preventiva para la garantía del derecho a la educación de la niñez, solicitó a la gerencia del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) informar sobre el estado de ejecución de 68 obras en instituciones educativas oficiales, cuya ejecución se realiza con recursos de ese fondo y que presentan importantes retrasos, los cuales superan en algunos casos, los dos años.
En lo solicitado, el Ministerio Público exhortó al FFIE, precisar las gestiones adelantadas durante el año 2022, orientadas a garantizar la reactivación, el avance o la entrega de estas obras.
Para la Procuraduría, son de especial preocupación las demoras en la ejecución en los departamentos de Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó; por ser territorios que concentran el mayor número de proyectos ejecutados con retrasos.
Asimismo porque en buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega.
La Procuraduría General de la Nación continuará velando por la correcta ejecución de las obras y proyectos, que resultan indispensables para garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de acceso, permanencia y calidad que persisten en muchas regiones del territorio nacional, dijo la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.
