Fiscalía imputó a la exjefa de gabinete de la Presidencia de la República por presuntas irregularidades en procedimiento de polígrafo practicado a una de sus empleadas domésticas (Marelbys Meza).
- Sarabia Torres es señalada de constreñir a quien fuera la niñera de su hijo y ordenar a funcionarios disponer de bienes oficiales para establecer responsabilidades ante la pérdida de un dinero de su propiedad.
La Fiscalía General de la Nación imputó a la exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, por su presunta intervención en actuaciones relacionadas con la práctica irregular de una prueba de polígrafo a una de sus empleadas domésticas, Marelbys Meza Buelvas, para intentar conocer el paradero de un dinero que desapreció de su lugar de residencia.
El 29 de enero de 2023, Sarabia Torres reportó la pérdida de la suma que se encontraba en una bolsa negra dentro de una maleta, la cual había sido llevada a su apartamento por una oficial que estaba a cargo de su seguridad personal. Posteriormente, habría señalado a Meza Buelvas como principal sospechosa del hurto.
Los elementos materiales probatorios indican que, ese mismo día, la exfuncionaria presuntamente ordenó telefónicamente al entonces jefe de seguridad de la Presidencia de la República practicar una prueba de polígrafo a su empleada. En atención a esa instrucción, la mujer fue trasladada en un vehículo oficial desde su residencia en Soacha (Cundinamarca) hasta el edificio Galán, ubicado junto a la Casa de Nariño, en donde se realizó el procedimiento.
Durante el tiempo en el que duró la práctica del polígrafo Meza Buelvas fue intimidada y acusada de haber cometido hurto, además de recibir advertencias relacionadas con una eventual privación de la libertad.
Para la Fiscalía, la decisión de disponer de funcionarios y recursos oficiales para atender un asunto de carácter particular habría desbordado las competencias misionales de Sarabia Torres y de otros servidores públicos involucrados, y constituido un posible abuso del poder y del cargo.
En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la exjefa de Gabinete los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Los cargos no fueron aceptados, informó la Fiscalía General de la Nación.
Delitos imputados
El delito más grave, según coinciden los abogados con base en leyes y normas, entre los tres delitos imputados, es el peculado por uso, ya que establece la pena máxima posible más alta.
Bajo la legislación penal colombiana (Ley 599 de 2000 y sus modificaciones), las sanciones se tipifican de la siguiente manera:
Sanción y Marco Legal de Cada Delito
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Peculado por uso (Art. 398 del Código Penal)
Pena de prisión: De 16 a 72 meses (1 año y 4 meses a 6 años).
Otras sanciones: Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Conducta: Servidor público que indebidamente use o permita que un tercero use bienes del Estado o bajo custodia oficial.
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Constreñimiento ilegal agravado (Arts. 182 y 183 del Código Penal)
Pena de prisión: La pena base es de 16 a 36 meses. Al concurrir la agravación (que aumenta la pena entre una tercera parte y la mitad), el rango se ubica entre 21.3 meses y 54 meses (aprox. 1 año y 9 meses a 4.5 años).
Conducta: Obligar o someter a alguien mediante presión o amenaza a hacer, tolerar u omitir algo, bajo circunstancias de agravación como abuso de superioridad, entre otras.
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Abuso de función pública (Art. 428 del Código Penal)
Pena de prisión: De 16 a 36 meses (1 año y 4 meses a 3 años).
Otras sanciones: Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.
Conducta: Servidor público que, abusando de su cargo, ejerce funciones distintas a las que legalmente le corresponden.
