Por: Diego Ruiz Thorrens/ Finaliza el 2021 dejando a su paso una estela agridulce, estela que seguramente continuará en el 2022. La pandemia ocasionada por el Covid–19 lastimó duramente la economía de nuestro país, aumentando el número de personas que ahora se encuentran en umbral de la pobreza extrema, incrementando la violencia al interior de muchos hogares colombianos.
El encierro, los toques de queda y la pérdida de empleo de muchos hombres y mujeres sirvieron como detonantes para el resarcimiento de las violencias basadas en género (VBG), violencias que en el departamento de Santander afectan en desproporcionado número a muchas mujeres y personas de los sectores LGBTIQ.
Por esta razón, en el último año, tanto alcaldías como gobernación de Santander han emprendido acciones para la detección de casos de VBG desde sus programas de Mujer y Género, promoviendo las distintas rutas de atención que existen para atender situaciones donde se encuentre en peligro la vida de las mujeres (independiente de grupo etario, estrato social, ubicación geográfica, etc.), visibilizando una situación de la que aun desafortunadamente desconocemos su dimensión real.
Una de las acciones establecidas por los entes gubernamentales para identificar y atender las VBG son las líneas telefónicas 24 horas y líneas de WhatsApp. Estas líneas permiten ofrecer una mejor y más oportuna atención psicosocial y legal. Otras acciones, aún más ambiciosas, están relacionadas con la formación (reeducación del reconocimiento del enfoque de género) dirigida a funcionarios de Comisarías de familia con lo cual se busca reducir la revictimización de aquellas mujeres que deciden denunciar.
No obstante, y a pesar de todo este esfuerzo, estas acciones se quedan cortas. Aún falta mucho, mucho por hacer.
Por esta razón, es importante reconocer la existencia y el trabajo de organizaciones descentralizadas como son la fundación Mujer y Futuro, el Observatorio de Feminicidio de Santander y la Ruta de Mujeres por la Paz (por solo mencionar algunas que luchan por los derechos de la Mujer en el departamento de Santander dado que también están el CPDH, la corporación Compromiso, la corporación CONPAZES y las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las Mujeres en el Magdalena Medio como la OFP – Organización Femenina Popular o las organizaciones incluidas en la plataforma de derechos humanos de Barrancabermeja) organismos que han sido claves en el proceso de visibilizar el nivel de afectación que enfrentan muchas niñas, adolescentes y mujeres de nuestro departamento.
Por otro lado, las acciones orientadas a la reducción de la violencia en razón de la orientación sexual y la identidad de género en Santander siguen brillando por su ausencia.
El desconocimiento de las rutas de atención que pueden acceder las poblaciones LGBTIQ del departamento, rutas que deben ser del conocimiento de funcionarios públicos e incluso de personas que lideran procesos en pro de las mismas poblaciones, siguen enfrentando un abismo que continuamente afectan la vida de cientos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, principalmente, personas LGBTIQ ubicadas en zonas rurales o en territorios marcados por la violencia.
Este abrumador y peligroso vacío tristemente se sostiene gracias a una débil voluntad política que impide reconocer, de una vez por todas, las distintas necesidades que enfrentan estas poblaciones. A su vez, la falta de políticas que propulsen la protección de las personas sexualmente diversas impiden la comprensión de escenarios que ponen en jaque la vida de las personas LGBTIQ, lo que a su vez impide cuantificar adecuadamente las posibles denuncias.
Según información de la corporación Conpazes, tan sólo en el mes de diciembre se han presentado 5 casos de violencia que han afectado la integridad y/o la vida de personas LGBTIQ, siendo quizá el caso más notorio la brutal golpiza que sufrieron dos mujeres de la población trans (una mujer migrante y una colombiana retornada del vecino país de Venezuela) el pasado 20 de diciembre debido a que ninguna quiso permitir la agresión violencia verbal a la que fueron sometidas por un grupo de desconocidos.
En este 2022 es sumamente importante impulsar políticas públicas que ofrezcan una atención adecuada, correcta y humana en casos donde la violencia sea suscitada por la orientación sexual y/o a la identidad de género de la víctima. También, que permitan romper de una vez por todas con la ignorancia, el estigma, la discriminación y las violencias iniciadas tanto por (algunos) sectores sociales como políticos que encuentran en el odio hacia las poblaciones LGBTIQ una justificación y validación de la violencia misma e incluso de la muerte.
Finaliza este 2021, anhelando que el 2022 sea el año donde se impulsen mayores acciones que permitan la protección de todas las mujeres víctimas de una violencia que pareciera no acabar (violencia vicaria o daño a la maternidad, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia emocional, violencia psicológica, violencia física, trata de personas, etc.), alcanzando una justicia que sigue siendo esquiva en la mayoría de casos.
De la misma manera, deseo sinceramente que el 2022 sea el año de la no violencia y de una mayor inclusión social de un sector que honestamente seguimos desconociendo e invisibilizando, cuya vulnerabilidad muchas veces puede impulsar las más deplorables y preocupantes violencias que puedan ser cometidas por el ser humano.
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*Estudiante de maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP seccional Santander.
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