La continuidad del presidente Sebastián Piñera se tambalea tras la publicación de los ‘Pandora Papers’, la mayor filtración de datos financieros en paraísos fiscales que vincula a mandatarios y líderes de al menos 35 países.
Un comité conformado por legisladores de la oposición presentó este miércoles ante la Cámara Baja la acusación formal contra el mandatario que pide llevarlo a un juicio político de destitución por presunta corrupción.
«Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación», explicó el diputado socialista Jaime Naranjo, acompañado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Las supuestas irregularidades se remontan a 2010 durante la venta del megaproyecto Minera Dominga, entonces propiedad de la familia Piñera, a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.
La transacción tuvo un valor total de 152 millones de dólares, 138 millones de ellos en un acta firmada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en el caso chileno colaboró los medios ‘Ciper’ y ‘LaBot’.
Además, la filtración generó controversia debido a que indica que la última cuota del pago estaba condicionada a que la zona no fuera declarada como área de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.
Aunque finalmente esa condición no fue decretada, la decisión dependía de Piñera en momentos en que asumía su primera Presidencia, entre 2010 y 2014, algo que ahora le refutan sus adversarios políticos.
Piñera habría “violado abiertamente la Constitución (…) comprometiendo seriamente el honor de la nación», sostuvo el legislador Jaime Naranjo, uno de los principales impulsores del proceso contra el mandatario.
Esa transacción ya había sido examinada y desestimada previamente por los tribunales chilenos en 2017. Piñera argumenta que la revisión de todos los detalles del contrato no mostró ninguna irregularidad.
Sin embargo, y luego de que los ‘Pandora Papers’ volvieran a poner al mandatario chileno en el ojo del huracán, la Fiscalía de su país abrió la semana pasada una investigación en su contra por presunto cohecho y delitos tributarios.
La decisión del ente investigador movió las aguas entre los parlamentarios opositores que la consideran un impulso para lograr los votos necesarios en el mecanismo de destitución contra el jefe de Estado.
¿Cómo procedería la acusación de juicio político?
De acuerdo con la legislación chilena, la acusación constitucional permite a los legisladores iniciar un juicio contra una autoridad, incluido el presidente, y desatar su destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pero para que el proceso prospere, en primer lugar se debe llevar a cabo una votación en la Cámara de Diputados que deberá arrojar una mayoría absoluta, con la cual se determinará si la acusación es viable o no. Es decir, debe contar con 78 votos.
Posteriormente, el mecanismo deberá pasar al Senado, que en estos casos actúa como jurado para establecer la culpabilidad o inocencia del imputado.
La prensa local destaca que previsiblemente la imputación contra Piñera obtendrá los votos necesarios en la Cámara Baja. Sin embargo, no está claro si obtendría el respaldo en el Senado.
Está previsto que el documento acusatorio llegue a la Cámara Alta antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre, en las que, no obstante, Piñera no buscará la reelección.
