Entre un fuerte dispositivo de seguridad, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se presentó este martes por primera vez en el Tribunal Constitucional para participar en una audiencia del juicio que determinará si su destitución parlamentaria será o no definitiva.
En respuesta a las preguntas de los jueces, Yoon negó haber ordenado a los militares que «sacaran» a los legisladores del Parlamento del país para evitar que votaran en contra de su declaración de ley marcial.
Yoon defiende que la ley marcial fue una respuesta que se valió de las herramientas legales de las que dispone el presidente para responder a la “parálisis” de Estado que, según él, estaba provocando la oposición mediante el uso indiscriminado de las mociones de destitución en el Parlamento, donde su partido estaba en clara minoría desde abril.
El mandatario considera que los recortes presupuestarios aprobados por la bancada contraria en el hemiciclo, así como la mala gestión del sistema electrónico electoral, suponían una amenaza para la seguridad económica y política del país.
El Constitucional tiene de aquí a junio para decidir si el cese de Yoon aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre será definitivo o si lo restituye en el cargo.
En caso de que su inhabilitación quede ratificada, deberán convocar elecciones presidenciales en un plazo máximo de sesenta días tras el fallo de la corte.
