El presidente interino de Perú, José Jerí, rechazó renunciar pese al escándalo conocido como Chifagate, afirmando que dimitir significaría admitir irregularidades. En medio de investigaciones y un pedido de censura en el Congreso, insiste en su inocencia y denuncia una conspiración política para desestabilizar el proceso electoral.
El mandatario peruano José Jerí se encuentra sumido en una de las mayores crisis políticas de su breve mandato tras el estallido del caso que los medios han bautizado como Chifagate. El escándalo se originó con la difusión de imágenes y videos que mostraban al presidente en reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang fuera de las agendas oficiales, lo que generó sospechas de tráfico de influencias e impropiedad.
El eje de la controversia no solo ha sido la naturaleza de los encuentros —como una cena en un restaurante chino y una visita a una tienda cerrada— sino también las versiones cambiantes del propio presidente sobre su propósito. En un acto que él califica de personal o casual, Jerí se ha visto obligado a comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde negó categóricamente cualquier acto ilícito.
“No renunciaré, porque implicaría que cometí un hecho irregular” fue la frase con la que Jerí resumió su posición ante legisladores y medios, rechazando dimitir pese a las crecientes presiones políticas. A su juicio, dimitir sería admitir culpabilidad en un hecho que insiste no haber cometido.
La respuesta del mandatario ha seguido una línea defensiva clara: califica la difusión de las imágenes como parte de una operación política para “generar inestabilidad” y afectar el proceso electoral programado para el 12 de abril, en el cual él no podrá competir por limitaciones legales. Según Jerí, se busca “alterar” la transparencia de los comicios distorsionando actos cotidianos que él realiza en días sin agenda oficial, como ir a comer o hacer compras.
Más allá de sus justificaciones, el caso ha escalado en el plano institucional. Legisladores de diversas bancadas han impulsado mociones de censura y un posible juicio político para destituir al presidente por “incapacidad moral”, argumentando que sus encuentros carecieron de transparencia y que las versiones oficiales han carecido de coherencia.
El trasfondo del escándalo incluye también la participación de otro ciudadano chino, Ji Wu Xiaodong, vinculado en investigaciones previas con una red de tala ilegal según medios peruanos. La presencia de este personaje y su interacción con allegados del empresario Yang ha oscurecido aún más el cuadro, intensificando los cuestionamientos sobre la naturaleza real de los encuentros.
Analistas y críticos han señalado que más allá de la legalidad estricta de las reuniones, el problema político radica en la percepción de falta de transparencia y en la inconsistencia de las explicaciones oficiales. La defensa de Jerí —que incluía afirmar que si hubiese querido cometer un acto irregular no lo habría hecho con escoltas y ministros presentes— ha sido recibida con escepticismo por parte de sectores opositores y parte de la opinión pública.
Sectores de la oposición han considerado que el escándalo enflaquece la legitimidad del gobierno interino y abre una nueva fractura en un momento delicado para la estabilidad política del país, ya golpeado por una serie de crisis institucionales recientes. Para algunos legisladores, la insistencia de Jerí en mantenerse en el poder sin renunciar podría agravar la desconfianza en las instituciones democráticas en vez de apaciguar los ánimos.
Pese a las tensiones, hasta ahora no se ha concretado una votación definitiva en el pleno del Congreso para vacar al presidente, en parte debido a la falta de apoyo unánime entre las bancadas. Sin embargo, la persistencia y difusión constante de nuevas imágenes del caso mantienen el escándalo en el centro de la agenda política y mediática peruana.
El desenlace del Chifagate podría tener implicaciones profundas para la política peruana, especialmente en un contexto de elecciones generales y con un ánimo ciudadano sensible a la transparencia y la ética pública. Mientras tanto, Jerí mantiene su postura de inocencia y se niega rotundamente a asumir responsabilidades políticas que, según él, no ha cometido.
